Los investigadores de la ONU denunciaron que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones «flagrantes» de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones «coordinados» con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.
El presidente Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, subrayó en un comunicado que, «lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron en conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno».
Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a «falta de disciplina» de las fuerzas de seguridad, sino que «parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen», según Valiñas.
No en vano, la misión ha investigado 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También ha examinado más de 2.500 incidentes adicionales en los que casi 5.100 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, si bien no todos estos casos serían igualmente arbitrarios.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) son responsables de casi seis de cada 10 de las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado, así como autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.
La inteligencia como instrumento de abusos
El informe ha detectado también actos de represión política dirigidos desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que habrían perseguido a personas bajo la premisa de delitos falsos, con pruebas orquestadas o sin el debido proceso.
Las detenciones, en algunos casos equiparables a desapariciones forzadas, incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN consultado por la misión ha reconocido que la institución tenía un «comportamiento cultural» de tortura.
Uno de los investigadores, Francisco Cox, ha advertido de que «estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro».
Los comandantes, entre ellos «autoridades de alto nivel» dentro de los organismos de Inteligencia, «tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban». La misión ha identificado a más de 45 funcionarios con vistas a su potencial procesamiento, aunque sin dar nombres.
Represión de manifestaciones
La persecución política también habría quedado en evidencia en la represión de las protestas convocadas en estos últimos años contra el Gobierno de Maduro, en el marco de las cuales se registraron «el asesinato de 36 manifestantes» y prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como por ejemplo simulacros de ejecución.
Para el investigador Paul Seils, «la vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes». «El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta», ha criticado, vinculando también con estos abusos a los denominados colectivos, como se conoce a los grupos armados afines al Gobierno.
«Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara», ha añadido.
Fin de la impunidad
Los investigadores han llamado a poner fin a la impunidad, para lo cual «las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas», en palabras de la jefa de la misión.
Valiñas ha planteado la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que «deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado». El informe sostiene que el sistema judicial venezolano está viciado en favor del chavismo.