El Centro Carter publicó el informe preliminar de su Misión Internacional de Expertos Electorales sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela.
Pese a que ha reconocido que ha habido ciertos «pasos positivos», denunciaron la represión política y el «ventajismo manifiesto» en las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre en Venezuela.
«Las elecciones han tenido lugar en un contexto general de crisis socioeconómica y humanitaria, agravada por la pandemia del COVID 19, patrones de represión política, restricciones severas a los derechos de participación política y libertad de expresión, ventajismo manifiesto del gobierno y desigualdad de condiciones».
Sin embargo, reconoce que «a pesar de estos déficits democráticos», las negociaciones entre la oposición y el Gobierno han dado lugar a tres cambios «importantes»: la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera concertada por la Asamblea Nacional (AN); la presencia de la observación internacional y el ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición iniciado en México en agosto.
«La inclusión de personas vinculadas a la oposición como rectores del CNE abrió la puerta a una mayor confianza en la posible independencia y credibilidad del organismo. Al mismo tiempo, genera un comportamiento que brinda mayor previsibilidad de las reglas de la competencia, mayores garantías para el electorado y los partidos de la oposición y demuestra más independencia».
De igual forma, han concluido en general que, «a pesar de estos pasos positivos, la injerencia política y gubernamental socavaron el CNE» y ha denunciado «el contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos».
«Las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales no cumplen con los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas».
Mencionaron el caso particular de la gobernación de Barinas, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió el recuento y convocó nuevas elecciones para enero 2022 por la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano por antecedentes penales.
Por último, el Centro Carter elogió a los votantes, la sociedad civil y las organizaciones de observación nacional por su compromiso democrático durante el día de las elecciones y durante el período posterior a las elecciones.
La misión del Centro Carter continúa trabajando para analizar las tendencias postelectorales, incluidas posibles apelaciones, y en enero publicará un informe final más detallado, que incluirá recomendaciones basadas en sus hallazgos.
