El Gobierno de los Estados Unidos y la administración interina de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, emitieron una declaración conjunta en la que suscriben los principios de cooperación para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y sus vínculos con el narcotráfico.
“Reconocemos la degradación del estado de derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro para detener el narcotráfico y desarraigar los elementos criminales que explotan a todos. esquina de Venezuela. Evaluamos que Nicolás Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes“, declaran ambos Gobiernos.
Con este fin las administraciones de Trump y Guaidó reafirman su compromiso de “detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos”.
En la declaración conjunta, EEUU y el Gobierno interino de Venezuela informan que el pasado 24 de noviembre se reunieron con países de ideas afines para una reunión de trabajo sobre cómo abordar el crimen transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas facilitadas por la falta de estado de derecho en Venezuela.
Tras esta reunión, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Interino de Venezuela expresaron su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
1.- Subrayar el compromiso con los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU, incluida la Convención de 1961, enmendada, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;
2.- Mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y tendencias e investigaciones sobre lavado de dinero;
3.-Proseguir la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa;
4.-Continuar las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras;
5.-Suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas basadas en evidencia centradas en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, incluidas las Normas internacionales sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de drogas;
6.-Reafirmar las obligaciones anticorrupción asumidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
7.-Promover los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados;
8.-Prometer cooperar contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional y reafirmando nuestros compromisos asumidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos pertinentes; en particular, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños;
9.-Reconocer la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y tomar las acciones antes mencionadas contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de estado de derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.