La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes por unanimidad, en segunda y definitiva discusión, la “Ley de Registro y Antecedentes Penales”, como parte de la batería de normativas legislativas para desarrollar la revolución del sistema judicial.
«Esto es la nueva realidad de la República Bolivariana de Venezuela. Este instrumento está afincado en el respeto de los derechos humanos, el respeto a la privacidad e intimidad y al respeto al debido proceso que merecemos todos los venezolanos y venezolanas. ¡Felicitaciones, diputados y diputadas!», expresó el presidente de la directiva parlamentaria, Jorge Rodríguez, tras someter a votación y obtener la aprobación unánime de los presentes en la sesión ordinaria.
El texto de la nueva ley será remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación correspondiente.
Tras la aprobación de los diversos Epígrafes y Artículos, queda establecido que los órganos de investigación penal tendrán acceso a la información del registro para cumplimiento de sus funciones.
Además, se declara como de interés general el contenido de esta ley y sus disposiciones son de orden público.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) tendrá la rectoría del registro, la información contenida es confidencial de acuerdo a lo garantizado por la Constitución, las leyes y resoluciones al respecto.
Entre los elementos inmersos en la nueva normativa, se incorporan la sistematización y automatización del proceso de datos, para la confiabilidad en el historial de delitos de los ciudadanos, así como la cooperación interinstitucional del Sistema de Justicia.
El registro de los datos de antecedentes, deberá contar con herramientas tecnológicas para la identificación plena de los ciudadanos condenados, y otros requerimientos constituidos en leyes, reglamentos y resoluciones
Entre los datos del registro, para ciudadanos que cumplan condena, se hará constar para cada condenado los siguientes datos:
Nombres y apellido, cédula identidad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad o nacionalidades, estado civil, delitos o faltas según la sentencia, la admisión de los hechos, acuerdos reparatorios, los agravantes o atenuantes, la reincidencia, tribunales que actuaron, reparación de daños a las víctimas, lugar o establecimiento penitenciario donde cumpla la condena.
Entre otros, la nueva ley garantiza el enfoque de género previsto en la ley, el derecho a evitar efectos discriminatorios de quienes cumplan penas y la garantía de los derechos humanos con el acceso a la información de los interesados.
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Con información de VTV
