Como es natural el proceso electoral del pasado 21 de Noviembre sigue generando estudios, análisis y comentarios. En mi artículo de la semana anterior hice un primer balance de la jornada.
Como dijo en una oportunidad el ex presidente Luis Herrera Campins, el votó castigó a todos. Por supuesto que más nos castigó a quienes nos oponemos a la dictadura. No obstante el evento nos revela la severa reducción del piso político del madurismo.
Con toda la presión, con el voto obligado a militares y policías, con los diversos mecanismos de control social, no llegaron a 4 millones de votos sobre un padrón electoral de 20 millones y medio de electores. Por eso sostengo que ese dato nos ofrece una base para arrancar la lucha por el revocatorio a Maduro.
Sin embargo me luce importante destacar otros elementos en dicho proceso. En primer lugar la reducción significativa de la capacidad de elegir. Hacer en simultáneo el proceso para seleccionar autoridades regionales y municipales complejiza el proceso e impide a una parte significativa de la población distinguir las propuestas y las plataformas en disputa.
La selección se hace más difícil con el diseño del método de votación elaborado para forzar el entubamiento de la votación. La forma como se abre el sistema, la colocación simultánea de las opciones, la presión del tiempo hábil en la máquina lleva a una votación en paquete. Ello explica el alto número de votos nulos. Seguramente muchos electores trataron de seleccionar opciones diversas, es decir cruzar el voto, y terminaron anulándolo.
En segundo lugar es menester destacar la permanencia de elementos perversos en el diseño del tarjetón electrónico para producir confusión y división del voto ciudadano. El oficialismo, prevalidos del control absoluto del organismo electoral, creó tarjetas con las cuales confundir y dividir el voto opositor. Buscaron colores, nombres o conceptos parecidos o casi iguales con los cuales generar la confusión. Es el caso de tarjetas como MIN-Unidad para confundir con la MUD. O Primero Venezuela para confundir con Primero Justicia. Pusieron en marcha una especie de feria de tarjetas. A todo el que le apreciaron capacidad de fraccionar el voto opositor le concedieron una tarjeta. Para ese propósito no se fue riguroso con los requisitos. Simplemente se les facilitó fundar su “partido político”. Si el solicitante es un actor disidente del PSUV se les negó la tarjeta, así cumpliese con todos los requisitos. Si se trató de un partido aliado a lo largo de estos veinte años de control del poder se le obstaculizaron sus postulaciones con inhabilitaciones y otras trabas burocráticas, tal y como ocurrió con el Partido Comunista.
Un tercer aspecto digno de destacar es el establecimiento, por vía de ley, de un control absoluto de las postulaciones en cabeza del partido postulante, sin respetar el derecho del candidato postulado. De esta forma se viola de forma directa el derecho a participar como candidato a un ciudadano que busca su elección para un cargo en la nomenclatura del poder ejecutivo o legislativo. Dicha norma viola los derechos del elegido para participar en una contienda, si se cumpliera lo establecido en el encabezamiento del artículo 67 de la constitución, el cual textualmente establece:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionados en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.”.
Si bien es cierto que los partidos políticos están violando esta norma, no es menos cierto que conceder al tarjetahabiente el poder de negar la tarjeta de su organización a un integrante, o retirarle el aval a pocas horas del acto de votación, constituye una abierta violación al derecho adquirido por quien ha sido “elegido” candidato en las bases de su organización.
Este tema no es poca cosa. En el proceso recién terminado se presentaron múltiples casos de candidatos a los que se les retiró la tarjeta, otros a los que se les acordó la misma, hicieron la campaña en nombre de la misma pero al final no se les adjudican dichos votos porque el todo poderoso tarjetahabiente no hizo la modificación, o la modificación no fue tramitada o subrepticiamente se le retiro el aval. Todo esto porque los derechos de los candidatos no están granizados de forma trasparente en la legislación, y porque además el sistema automatizado de postulaciones no reconoce el derecho del postulado ignorando su existencia en todo ese complejo y controlado proceso.
Estos apuntes constituyen, apenas, unas notas a tener presentes para lograr la “transparencia”, “seguridad”, “igualdad”, “celeridad” y “confiabilidad” que exige el artículo 293 de la Constitución.
Caracas lunes 29 de Noviembre de 2021
