La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció las condiciones de salud de varios presos políticos por diversas dolencias, por lo que llamaron la atención de las autoridades para que les provean atención médica inmediata.
Tal es el caso del comerciante tachirense Angelo Rosales, uno de los civiles presuntamente vinculados a la operación Gedeón, como se conoce a la fallida incursión por las costas venezolanas en un intento por derrocar a Nicolás Maduro, reseñó Tal Cual.
Según informó la Coalición, Rosales padece de hepatitis y no ha recibido atención médica. Además sufre de varicoceles. El comerciante se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo II, y es uno de los civiles que sus familiares denuncian fueron detenidos días antes de las fechas anunciadas por el Ministerio Público.
El pasado 6 de mayo de 2020, el fiscal Tarek William Saab incluyó su nombre en la lista de detenidos, pese a que familiares y otras ONG ubican su detención el 20 de abril de ese año.
La Coalición también denunció un brote de contagios de covid-19 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide. «Extraoficialmente se habla de 20 personas que dieron positivo. Requieren atención, el Estado es responsable de su vida y su salud«.
La Constitución venezolana contempla, en su artículo 43, la responsabilidad del Estado en garantizar la vida de aquellas personas privadas de libertad. Según registros del Foro Penal en su informe de represión 2021, al menos 45 de los 244 presos políticos padecen enfermedades que requieren atención médica «y que no estarían siendo atendidas correcta ni oportunamente en los lugares de reclusión donde se encuentran».
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