La máxima instancia judicial del país busca sancionar a quienes utilicen cargos o profesiones legales para abusar de sectores vulnerables mediante el denominado «terrorismo judicial», especialmente en conflictos donde prevalecen intereses comerciales.
En la más reciente emisión de su programa «Tubazos», el periodista de sucesos Eligio Rojas reveló que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó medidas contundentes para frenar el uso arbitrario del poder jurídico.
La máxima instancia judicial del país busca sancionar a quienes utilicen cargos o profesiones legales para abusar de sectores vulnerables mediante el denominado «terrorismo judicial», especialmente en conflictos donde prevalecen intereses comerciales.
Carácter vinculante y publicación oficial
El TSJ avaló que la próxima edición de la Gaceta Oficial incluya el dictamen que establece la ilegalidad de estas prácticas. Al ser publicada en Gaceta, la sentencia adquiere un carácter vinculante, lo que obliga a todos los operadores del sistema de justicia a acatar estos criterios de forma inmediata.
“Los magistrados le están diciendo a jueces y fiscales: ‘No vayan a intentar sacar a un inquilino moroso imputándole el delito de invasión’. Están advirtiendo que no se puede torcer la justicia penal para resolver asuntos que deben tratarse en tribunales civiles”, explicó Rojas.
Fraude a la ley y «psicoterror»
Rojas destacó que existe una diferencia clara entre el delito de invasión y el incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Según el periodista, se ha detectado el uso de tipos penales con el fin de aterrorizar a las personas y «doblegarles el brazo», incurriendo en un fraude a la ley.
La Sala Constitucional alertó sobre la violación del principio de intervención mínima del derecho penal, señalando casos donde se utiliza la jurisdicción penal para temas netamente civiles.
El caso que detonó la medida: El edificio Dautar
La decisión del Máximo Tribunal surge a raíz de un conflicto iniciado en julio de 2023. El empresario brasileño Alí Salim Abdul Hadi denunció una supuesta invasión en dos apartamentos del edificio Dautar, ubicado en Las Mercedes, municipio Baruta.
A pesar de que los ocupantes eran tres adultos mayores con contratos vigentes, la denuncia escaló rápidamente:
En agosto de 2023, el Ministerio Público imputó a Betty Rodríguez de Quintero, Jhon Rafael Quintero Rodríguez y Mariela Alejandra Reyes Hernández por el delito de invasión.
Se emitió una orden de desalojo, lo que motivó a los afectados a solicitar la revisión de la Sala Constitucional.
Justicia para los adultos mayores
La investigación determinó que las víctimas eran poseedoras legítimas de los inmuebles desde hace 13 y 23 años, respectivamente, con contratos avalados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi).
La Sala Constitucional concluyó que se generó una persecución penal basada en una denuncia falsa, utilizando a las instituciones del Estado como un mecanismo de presión y terrorismo judicial contra ciudadanos que tenían su documentación en regla.
Noticia al Día/Eligio Rojas
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