La detención de altos funcionarios públicos y presuntos testaferros por parte de la Policía Nacional Anticorrupción, ha sacudido a la opinión pública nacional e internacional y pone en el tapete el tema del correcto manejo de los recursos del Estado y recuerda los llamados «delitos de cuello blanco»
Las primeras cifras dan cuenta de un daño a la nación por el orden los tres mil millones de dólares. «La lucha contra la corrupción es un importante cometido de los Estados, ya que dichas actividades socavan las instituciones públicas y el desarrollo integral de los pueblos, afectando sobre todo a los países más pobres», indica el abogado Roberto Azuaje.
El jurista apunta que estos hechos contravienen los principios éticos y legales a los cuales deben someterse los funcionarios y empleados públicos como administradores del patrimonio público.
«Están en sus cargos para el servicio de los intereses generales y no particulares», agrega.
¿Qué es realmente un delito de corrupción?
Azuaje explica que los delitos de cuello blanco o delitos de corrupción es el nombre que se les da a aquellos delitos que se realizan sin aparente violencia contra las personas, como el robo o el homicidio, pues constituyen conductas delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
El jurista afirma que «el sociólogo y uno de los criminólogos estadounidenses que más influencia ha tenido en el siglo XX, Edwin H. Sutherland, introdujo el concepto de crimen de cuello blanco por primera vez en un discurso de toma de posesión ante la AAS (Asociación Americana de Sociología)».
En 1949, Sutherland publicó su monografía “White-Collar Crime” o “Delito de cuello blanco” en castellano, que dio inicio a la llamada doctrina de la escuela criminológica de la Universidad de Chicago.
Los delitos de cuello blanco son aquellos en los que el delito suele realizarse por personas de un estatus socioeconómico alto, o una alta posición de poder político.
Los delitos de cuello blanco más comunes son:
- Tráfico de Influencias
- Fraude
- Lavado de dinero
- Cohecho
- Quiebra fraudulenta
- Peculado
- Malversación de fondos
La corrupción en el ámbito penal
Azuaje cita a Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que define la corrupción «como un vicio o abuso cometido contra la ley, que de alguna manera la degrada».
El FBI (Federal Bureau of Investigation, agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos) da la siguiente definición:
“Son todos aquellos actos que violan la confianza y que, sin aplicación de la violencia, los individuos u organizaciones cometen para obtener dinero, propiedades, servicios, seguridad personal o ventaja comercial, evitando el pago o la pérdida de dinero”.
¿Que ocurre en la administración pública?
«Trasladar este concepto al ejercicio de la función pública, supone el uso del poder para una finalidad distinta de la legítima, con el ánimo de obtener ventajas personales», apunta el abogado.
Agrega que la corrupción está relacionada con el menoscabo de la integridad moral de la persona.
«Entre los imputados señalados como responsables de los hechos de corrupción ocurridos en la Estatal Petrolera PDVSA, se encuentran dos altos funcionarios militares, tres jueces, un alcalde y un diputado», recuerda.
Azuaje cree que el verdadero daño de la corrupción va mucho más allá del lucro personal que obtengan sus agentes.
«Son los perjuicios que se ocasionan a la comunidad lo que hace que sea un problema de todos, pues su dimensión social es lo que perjudica la capacidad de una sociedad organizada para asegurar el desarrollo de sus miembros».
Lo tradicional y lo nuevo
El abogado y profesor indica que corrupción es una forma de delincuencia de cuello blanco, tal como la denominó Sutherland, que engloba tanto figuras delictivas tradicionales como la malversación, el cohecho o la prevaricación, como otras de nuevo cuño como serían el blanqueo de capitales o el tráfico de influencias.
«También se puede añadir la utilización de la posición de poder en la toma de decisiones políticas para favorecer al funcionario o autoridad, o bien a la organización a la cual se pertenece (partido político) o a la empresa mercantil con la cual el funcionario mantiene relaciones», dice Azuaje.
Agrega que se señala como supuestos testaferros en el escándalo de PDVSA, a varios empresarios, que podría escalar hasta los opositores.
Corrupción, globalización y economía
La corrupción aparece íntimamente ligada a ciertos factores como serían la globalización y la economía, añade el abogado Roberto Azuaje.
El fenómeno de la globalización, prosigue, en tanto y cuanto introduce una forma de sometimiento del poderoso sobre el débil, aumenta el riesgo de que sucedan hechos de corrupción, en la medida que el desarrollo científico y tecnológico posibilita que gran parte de los delitos vinculados con corrupción se cometan con tecnología de punta, por lo que no dejan evidencias o pruebas.
«Es importante destacar que entre los imputados en el caso de PDVSA se encuentra el superintendente nacional de criptoactivos, y se señala que algunos de los delitos fueron cometidos a través de operaciones con criptomonedas», recuerda.
En el contexto señalado, el Derecho Penal clásico no está en condiciones de dar una respuesta adecuada a esta nueva expresión de criminalidad, por lo cual organismos internacionales y supranacionales, han venido promulgando normas que intentan frenar la expansión delictiva.
«Solucionar el problema de la corrupción requiere voluntad política, apoyo económico, tiempo, educación en valores y perseverancia para implementar controles y hacerles seguimiento que ponderen la eficacia de los mismos».
NAM/Vía Diario 2001
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