A través de una publicación en su cuenta de X, la coalición opositora afirmó que su posición responde a la exigencia de millones de venezolanos que reclaman la eliminación de esta normativa. La coalición argumentó que la protección de la libertad de expresión, el derecho a disentir y el debido proceso exige normas claras y límites precisos para las actuaciones de las autoridades. La PUD sostuvo que la ley contiene conceptos «amplios e imprecisos» para definir conductas sancionables con penas graves
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) insistió este jueves en que la Ley contra el Odio debe ser derogada y no sometida a modificaciones parciales, al considerar que contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales y principios del derecho penal.
A través de una publicación en su cuenta de X, la coalición opositora afirmó que su posición responde a la exigencia de millones de venezolanos que reclaman la eliminación de esta normativa, cuestionada por sus efectos sobre la libertad de expresión y el derecho a la disidencia.
«La criminalización no se reforma, se deroga», expresó la organización en un mensaje acompañado de un video en el que expuso sus objeciones a la legislación.
La PUD sostuvo que la ley contiene conceptos «amplios e imprecisos» para definir conductas sancionables con penas graves, lo que, a su juicio, permite una aplicación discrecional del poder punitivo del Estado.
La coalición argumentó que la protección de la libertad de expresión, el derecho a disentir y el debido proceso exige normas claras y límites precisos para las actuaciones de las autoridades. Por esa razón, considera que una reforma parcial no resolvería los problemas que atribuye al instrumento legal. «Esta ley debe ser derogada», reiteró la organización.
El pronunciamiento de la oposición se produce después de que la Asamblea Nacional instalara, el 5 de octubre, una comisión especial encargada de elaborar una propuesta de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La iniciativa parlamentaria surgió luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara formalmente la modificación de la normativa. La comunicación fue leída durante una sesión ordinaria el 29 de septiembre.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, informó que la propuesta contempla revisar las disposiciones penales de varios artículos, entre ellos el 20, 21 y 22, así como precisar algunas definiciones contenidas en la ley.
Una vez elaborado y aprobado por la comisión, el proyecto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su validación. Después deberá avanzar en el proceso de discusión parlamentaria y, si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los diputados, será sometido a consulta pública.
La comisión también prevé recibir planteamientos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación, universidades y personas afectadas por la aplicación de la normativa.
Así, mientras el Parlamento avanza en una propuesta de modificación parcial, la PUD mantiene su exigencia de eliminar por completo la ley y rechaza que los cambios planteados sean suficientes para atender sus cuestionamientos.
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