La controversial Ley de Protección de las Pensiones estipula que las empresas privadas en Venezuela tendrán que aportar entre el 6 % y 15 % de su nómina total para apoyar el pago de las pensiones. Los propios jubilados se muestran escépticos ante esta medida, con una división de opiniones con tendencia hacia el rechazo, y que genera preocupación sobre el impacto que podría tener sobre la economía nacional y el alza de los precios en todos los rubros
La nueva Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista causó controversia desde su concepción. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, exigirá a las empresas privadas que abonen entre el 6 % y 15 % de su nómina para el pago de las pensiones, algo que muchos de los propios beneficiados ven con malos ojos, ante los efectos negativos que podrían causar a la economía.
Este martes 7 de mayo, el proyecto de ley fue aprobado de forma unánime en segunda discusión por la Asamblea Nacional. Más tarde ese mismo día, el mandatario nacional la promulgó oficialmente, apareciendo en Gaceta Oficial N° 6.806 el siguiente día.
“Hasta 15 % del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”, será la contribución de la industria privada venezolana.
Los expertos señalan a esta nueva tasa como una especie de tributo más, que se suma a la ya alta carga fiscal que afrontan los emprendedores y empresarios en Venezuela. El director de Datanálisis, Luis Vicente León, llegó a afirmar que “no hay ninguna empresa latina que tenga más cargas que las empresas en Venezuela”.
Opiniones
Esto no pasa desapercibido para los pensionados. Benito Guerra es un jubilado del ministerio de Educación, y se preguntó por qué las empresas deben pagarle a otras personas de su ganancia. “No creo que los empresarios aguanten ese tren porque Maduro dijo que un 10 % este año”, declaró. “¿Qué es lo que van a hacer? O aumentan los artículos o bajan la santamaría”, aseveró Guerra.
Por su parte, Alfredo Pachano, de 85 años, aseguró que el monto actual de la pensión es “una tontería”, y cree que será muy difícil que los negocios puedan afrontar este pago sin tener ganancias. “Yo con 130 bolívares no voy a comprar dos pollos, no voy a comprar leche, plátano, no voy a comprar queso porque no me alcanza”, aseguró.
Otro de los pensionados en desacuerdo es Nelson Torres, que trabajó por 35 años en la alcaldía de Maracaibo, y a sus 66 años, no está a favor de que se les sumen más impuestos a los empresarios.
“¿Por qué la empresa después de tantos impuestos que paga van a seguir pagando impuestos? ¿A dónde van a llegar esos reales? ¿Será que se van a llevar también los cobres de los de los pensionados con los de Pdvsa? No puede ser”, exclamó indignado.
En cambio, algunos califican la ley como “una locura”, como es el caso de María Urdaneta, de 57 años. “Nosotros los venezolanos no tenemos por qué pagar las consecuencias del mal Gobierno”, declaró.
Por otra parte, algunos encuentran cosas positivas dentro de lo aprobado por el Ejecutivo nacional, y se muestran a favor de que finalmente llegue el tan esperado aumento de pensión.
Heroína Sánchez, 67 años, es una profesora jubilada, quien fuese coordinadora de la Zona Educativa, y se muestra de acuerdo, esperando que tanto el Gobierno como la oposición “quieran el bienestar para los adultos mayores”.
La educadora reconoce que lo que percibe actualmente como pensión es insuficiente. “130 bolívares no me alcanza ni para un kilo de queso”, atizó. Sánchez propone que el monto se lleve hasta los 150 o 200 dólares.
A favor de la ley también está Gerardo Suárez, un hombre de 68 años que dedicó 49 años a los servicios funerarios, y explica que “no es mala idea” que los empresarios contribuyan, si se les da beneficios fiscales.
La división de opiniones refleja la incredulidad de la población mayor con respecto a esta nueva política adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro, a la expectativa de los efectos que podría causar en la economía y cómo impactará a las finanzas de la industria privada.
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