La corte recibió en diciembre del 2023 los alegatos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde no solamente denuncian la muerte de las 7 personas, sino también, detenciones arbitrarias y torturas en contra de más de 30 personas
La mañana del 15 de enero del 2018, Venezuela despertaría con la “La Masacre de El Junquito” una noticia en pleno desarrollo, que posteriormente se convertiría en otro caso de violación de Derechos Humanos.
En este evento, que fue bautizado por la administración de Nicolás Maduro, como la Operación Gedeón, le costó la vida a 9 personas, seis relacionados al movimiento que lideró el entonces detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez, también muerto en el hecho y dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Oscar Pérez y su movimiento levantado en contra de la administración de Nicolás Maduro, salieron a la palestra pública en el 2017, cuando el funcionario tomó un helicóptero del CICPC y sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para invocar el artículo 350 de la Constitución de la República, el cual llama a la desobediencia civil.
Meses después, Pérez lidera un asalto a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde sustraen armas.
Vale resaltar que en ambas acciones no hubo heridos, ni muertos.
Sin embargo, las autoridades policiales en Venezuela llevaron a cabo una cacería de Pérez y sus seguidores.
La mañana del 15 de enero del 2018, acciones mixtas entre la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Comisión Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) y la Policía Municipal de Caracas, llegaron a la población de El Junquito, a 20 minutos de Caracas.
Se produce un intercambio de disparos y dos funcionarios de la PNB caen muertos.
Más de 500 funcionarios de los organismos de seguridad antes mencionados, participaron en la operación Gedeón, donde se usaron lanza cohetes para neutralizar a Pérez y sus seguidores.
Vale destacar que el exfuncionario policial y la gente que se encontraba con él, varios de ellos también exfuncionario y efectivos militares, colgaron en las redes sociales su intención de rendirse, incluso, mostraron parte de las conversaciones para rendirse, pero el final no fue ese.
Un dato anecdótico en torno a este hecho, es que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), organismo al que pertenecía Pérez, no les fue permitido participar en las negociaciones para la entrega de los subordinados.
Es bueno precisar que el CICPC, es el organismo por excelencia que cuenta con el personal capacitado en negociaciones y toma de rehenes.
Los muertos de la masacre de El Junquito
Además de los dos policías de la PNB, en la conocida “Masacre de El Junquito”, murieron Oscar Pérez, líder del grupo insubordinado, José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la DGCIM que acompañaba a Pérez.
También pierden la vida Abraham Israel Agostini, exfuncionario de la policía del estado Aragua y los hermanos Abraham y Jairo Lugo, quienes fueron miembros de la GNB.
Lisbeth Ramírez, esposa de Jairo Lugo, quien estaba embarazada, también perdió la vida en el hecho, así como el joven estudiante de periodismo, Daniel Soto.
La denuncia ante la CIDH
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, recibió la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas PROVEA, quienes manifestaron que según los informes posteriores a la operación Gedeón, los cuerpos de Pérez y las personas que lo acompañaban en El Junquito, fueron ajusticiados.
Además, según la denuncia, supuestamente no le permitieron rendirse y el lugar del suceso fue destruido con el fin de borrar las posibles evidencias.
Posteriormente, en diciembre del 2023 la CIDH presentó antelacorte internacional los alegatos de la denuncia en contra de la administración de Nicolás Maduro, en torno a este hecho.
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