Según sus allegados, Jesús manifestó que tenía dificultades para respirar y presentó signos de apnea. Los familiares del hombre exigieron al Estado información oficial y oportuna sobre la causa de muerte. Jesús no deja hijos, pero sí a seis hermanos, uno afectado por un ACV, y a su padre de 90 años
La noche del pasado miércoles familiares informaron sobre el fallecimiento del ciudadano Jesús José Gutiérrez González, de 48 años, quien había sido detenido el pasado 23 de junio de 2024, acusado de ser responsable de apagón en el estado Nueva Esparta. Así lo reseñó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La información se conoció de manera extraoficial, ya que, al momento de hacer la denuncia, los familiares no habían sido notificados formalmente de su deceso. Supieron que se encontraba en la enfermería del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (Antigua cárcel La Planta), en Caracas, desde el pasado 24 de enero, cuando tuvieron el último contacto con él a través de una videollamada.
Según sus allegados, Jesús manifestó que tenía dificultades para respirar y presentó signos de apnea. Además, esperaba ser trasladado a Margarita para ser intervenido quirúrgicamente por una eventración abdominal que ya había alcanzado un estado crítico, provocando la protrusión de sus órganos internos a través de la piel.
Los familiares del hombre exigieron al Estado información oficial y oportuna sobre la causa de muerte de Gutiérrez, una investigación exhaustiva sobre las circunstancias injustas que lo llevaron a su fallecimiento y que sus restos sean entregados para que pueda ser velado y sepultado en su natal Porlamar, rodeado de sus seres queridos.
Jesús no deja hijos, pero sí a seis hermanos, uno afectado por un ACV, y a su padre de 90 años. Su madre falleció recientemente sin poder verlo ni abrazarlo nuevamente, tras haber sido arrancado de su hogar para pagar por un crimen que, según sus familiares, no cometió», indicó Clippve.
La organización señaló que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de todas las personas bajo su custodia. «El incumplimiento de estos deberes constituye una violación grave de los derechos humanos y la responsabilidad en estos hechos no puede quedar impune», indicaron en un comunicado.
Sus familiares aseguraron que la condena lo afectó profundamente, pues desde que fue detenido en junio de 2024, mientras trabajaba como vigilante en el Centro Comercial CCM de Margarita, negó estar implicado en los presuntos actos que llevaron a un apagón de varias semanas en Nueva Esparta.
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