El gobernador de Táchira interpuso una denuncia en 2021 contra la dirigente de Acción Democrática por supuesto “daño moral” y pidió una indemnización de 12 millones de dólares
Laidy Gómez, exgobernadora del estado Táchira y dirigente de Acción Democrática, denunció este martes que el Juzgado Superior 1° de esa jurisdicción andina le está cobrando costos procesales por querer apelar a la sentencia que se dictó en julio de 2022 a favor del actual gobernador, Freddy Bernal, por “daños morales” y que le privó de su vivienda principal.
Advirtió a quienes se alegran por la “arremetida política” desde quienes tienen el poder que tengan “serenidad y paciencia” para ganarse la confianza de un pueblo que se siente traicionado.
Por otro lado, la dirigente política adelantó un eventual regreso al mundo activo de la política al decirle a quienes “temen” por su retorno que ofrezcan esperanzas reales a los ciudadanos, quienes ya están cansados de lo que ocurre, asegurando que mientras no haya unidad y exista la división, la administración de Nicolás Maduro continuará en el poder.
A través de un hilo de Twitter, Gómez advirtió que esta “condena judicial”, haciendo referencia a la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2022, se da en un contexto de negociaciones políticas entre varios sectores y dijo que ser partidaria y defensora del diálogo para buscar salida a la crisis le generó “despiadados costos políticos”.
“Mi vocación de lucha política y social están intactas, solo que estoy priorizando un deber sagrado y natural de toda madre: atención a la salud de mi pequeña hija”, escribió Laidy Gómez.
Demanda de Bernal a Gómez
Esta demanda del gobernador Freddy Bernal se debe a que el 24 de mayo de 2021, Laidy Gómez, para ese entonces gobernadora de Táchira, criticó al político, cuando este era protector del estado, al decir que él amenazaba a los comerciantes tachirenses “con 15 días para retirar el café colombiano de los anaqueles”.
Posteriormente, el oficialista la denunció en el tribunal por supuesto “daño moral” y pidió una indemnización de 12 millones de dólares.
Gómez advirtió el jueves 2 de junio, a través de sus redes sociales, que se dictó una medida judicial contra su vivienda principal, que es su único bien material y donde vive su hija de tres años, y recordó que su bien es “inembargable según las leyes venezolanas”.
En julio de 2022, la jueza provisoria Maurima Molina Colmenares ratificó la sentencia contra la dirigente de Acción Democrática en la que se le privó de su casa.
Fuente: Tal Cual-laverdad
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