En un encuentro clave, el Fiscal Larry Devoe y representantes de la ONU evaluaron estrategias para transformar el sistema judicial venezolano. La cooperación internacional se presenta como crucial en este proceso.
La Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal se convirtió en el escenario donde el Fiscal Larry Devoe se reunió con una delegación de diversas agencias de las Naciones Unidas. El propósito: evaluar recomendaciones técnicas y experiencias que puedan contribuir a la transformación del sistema judicial venezolano.
En esta jornada de trabajo, participaron figuras destacadas como María Alvarado de Unicef, Lia Poggio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y María Ysabel Cedeño del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), entre otros. También estuvieron presentes autoridades del Estado, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quienes reafirmaron su compromiso con la justicia y el bienestar de la ciudadanía.
Durante el encuentro, Devoe subrayó la relevancia de la cooperación técnica internacional para crear una política penal que cumpla con los estándares más altos en derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia. “La cooperación del Sistema de las Naciones Unidas es de gran valor para el diseño de una política penal alineada con los estándares internacionales”, expresó el Fiscal General, agradeciendo la disposición de la ONU para ofrecer asistencia técnica.
El titular del Ministerio Público también hizo hincapié en que la modernización del sistema de justicia penal es un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración de todos los sectores. En este marco, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Álvaro Rodríguez, destacó que esta iniciativa representa una oportunidad clave para implementar cambios que protejan a los sectores más vulnerables y aseguren el debido proceso, promoviendo una justicia más humana y eficiente.
Rodríguez ratificó el compromiso de la ONU de proporcionar cooperación técnica y presentar un documento con recomendaciones orientadas al fortalecimiento del sistema judicial en el país. La reforma de la justicia penal se perfila, así, no solo como un objetivo institucional, sino como un imperativo social en medio de un contexto crítico.
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