La Misión Internacional de Determinación de los Hechos estableció que todas las víctimas fallecieron por heridas de bala en partes vitales del cuerpo. Uno de los casos fue sometido a peritaje independiente por la organización Physicians for Human Rights. La investigación establece una responsabilidad jerárquica que alcanza a la cúpula del poder político y militar
Las manifestaciones que estallaron tras el anuncio de los resultados electorales del 28 de julio derivaron en uno de los episodios más graves de represión en el estado Aragua. El 29 de julio, una protesta masiva en los alrededores del obelisco de San Jacinto, en Maracay, se prolongó durante horas y terminó con un saldo fatal de seis civiles muertos.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos estableció que todas las víctimas fallecieron por heridas de bala en partes vitales del cuerpo, lo que evidencia un uso deliberado y letal de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Entre las personas asesinadas figura Rancés Daniel Yzarra Bolívar, quien recibió un disparo en el pecho en las cercanías de un medio de comunicación local. Otros cinco manifestantes, Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, murieron en las inmediaciones de una instalación militar del Ejército.
Uno de los casos fue sometido a peritaje independiente por la organización Physicians for Human Rights, que determinó que las heridas sufridas por Jesús Tovar corresponden al impacto de perdigones de gran tamaño disparados por una escopeta a corta distancia, un armamento habitualmente utilizado por la Guardia Nacional Bolivariana.
El informe de la ONU, difundido por la periodista Sebastiana Barráez en Infobae, recoge testimonios que indican que las fuerzas militares habían recibido instrucciones previas para anticipar protestas tras los comicios. Un oficial declaró que existía conocimiento anticipado de disturbios y del fraude electoral, según el testimonio citado.
Durante la tarde y noche del 29 de julio, unidades especiales de la GNB, junto con efectivos del Ejército y la Policía Nacional Bolivariana, desplegaron un amplio operativo que incluyó vehículos blindados, gases lacrimógenos y armas de fuego. La Misión documentó que las fuerzas de seguridad dispararon sin advertencia previa, generando pánico y confusión entre los manifestantes.
La investigación establece una responsabilidad jerárquica que alcanza a la cúpula del poder político y militar, señalando al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y a mandos regionales. Entre ellos destaca Orlando Ramón Romero Bolívar, entonces jefe de la REDI Central, posteriormente ascendido y sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2024 por su rol en la represión postelectoral.
Pese a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solo abrió una causa formal por la muerte de un efectivo de la GNB, mientras que los homicidios de los manifestantes continúan sin investigaciones efectivas ni responsables identificados.
La Misión concluyó que no existen avances reales en la rendición de cuentas y que los sucesos de Maracay refuerzan el patrón de violencia estatal contra civiles tras las elecciones del 28 de julio, constituyendo una violación grave y sistemática de los derechos humanos.
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