Pensionados y jubilados de la PGR aseguran que llevan más de dos años sin recibir beneficios económicos otorgados a otros trabajadores. Los afectados atribuyen la suspensión a funcionarios de la gestión anterior y sostienen que la medida habría sido aplicada por residir fuera del país. Los jubilados pidieron a la procuradora Arianny Seijo Noguera revisar el caso y restituir los beneficios sin condiciones ni represalias
Un grupo de pensionados y jubilados de la Procuraduría General de la República (PGR) denunció la suspensión de beneficios económicos que, según aseguraron, recibían mensualmente junto con otros trabajadores de la institución y que posteriormente dejaron de ser depositados a quienes residían fuera de Venezuela.
Los afectados, quienes señalaron haber trabajado durante años en la PGR y encontrarse actualmente de manera temporal o permanente en otros países, solicitaron a la actual procuradora general, Arianny Seijo Noguera, revisar la situación y determinar las razones de la suspensión.
De acuerdo con fuentes citadas por El Nacional, los salarios formales de los trabajadores de la PGR se ubican entre 600 y 1.300 bolívares mensuales, mientras que las pensiones y jubilaciones representan un porcentaje menor.
Los denunciantes señalaron que durante la gestión del anterior procurador general, Reinaldo Muñoz, quien dejó el cargo en marzo de este año, fueron aprobados beneficios adicionales para trabajadores activos, pensionados y jubilados. Entre estos se encontraban bolsas de alimentos y un bono mensual sin incidencia salarial, calculado en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Según la denuncia, el beneficio para los jubilados representaba aproximadamente entre 50% y 60% del monto asignado al personal activo. Sin embargo, los pensionados y jubilados que se encontraban fuera del país dejaron de recibirlo hace más de dos años.
Los afectados atribuyeron la decisión a Giuson Flores, a quien identificaron como viceprocurador general de la República, y a Brangela Betancourt, entonces directora de Talento Humano. Según su versión, ambos funcionarios habrían acordado suspender los pagos a quienes permanecieran fuera de Venezuela.
Los jubilados calificaron la medida como una «retaliación» por haber salido del país y cuestionaron que la residencia dentro del territorio nacional pueda convertirse en una condición para recibir beneficios económicos después de culminar su relación laboral con la administración pública.
Asimismo, señalaron que la suspensión tiene consecuencias especialmente graves para personas mayores de 65 años, algunas de las cuales dependen de estos recursos para cubrir gastos médicos y tratamientos, incluidos casos de pacientes con cáncer.
Ante esta situación, los pensionados y jubilados solicitaron a Seijo Noguera revisar la medida y garantizar que cualquier beneficio económico aprobado para este grupo sea entregado sin distinciones relacionadas con su lugar de residencia.
Creemos justo que como jubilados y pensionados, si se nos toma en cuenta para el pago de cualquier beneficio económico en la Procuraduría General de la República, este pago se realice sin retaliaciones ni sanciones de ningún tipo», sostuvieron.
Los afectados también cuestionaron el papel de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la PGR y pidieron que sus derechos sean reconocidos, al considerar que dedicaron años de servicio a la institución.
«Dimos años de nuestra vida profesional y personal a la Procuraduría General de la República, no merecemos ser desechados por estar en nuestra tercera edad», afirmaron.
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