Diputado oficialista reconoció irregularidades en la administración de tierras entregadas por el Estado. Nueva legislación ganadera sería presentada durante la segunda mitad de junio. Sectores críticos señalan consecuencias económicas tras años de expropiaciones agrícolas
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció este jueves 28 de mayo deficiencias en la administración de tierras agrícolas entregadas por el Estado venezolano y adelantó que el Parlamento trabajará en una nueva legislación orientada a fortalecer la actividad ganadera en el país.
Durante una actividad realizada en el estado Apure, entidad fronteriza con Colombia y considerada una de las principales zonas productivas del país, el dirigente oficialista afirmó que numerosos fundos adjudicados por el Gobierno terminaron en condiciones de abandono y deterioro.
Rodríguez cuestionó el manejo dado a varias unidades de producción agropecuaria por parte de quienes recibieron las tierras, asegurando que hubo pérdidas significativas de ganado y afectaciones en la capacidad productiva de las fincas.
En ese contexto, anunció que la Asamblea Nacional prevé presentar en la segunda quincena de junio un nuevo instrumento jurídico destinado a sustituir la legislación ganadera vigente desde 1997, con el propósito de brindar mayor protección al sector pecuario y promover la recuperación productiva.
Las declaraciones surgen en medio del debate sobre las políticas agrarias impulsadas en Venezuela desde la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001, normativa promovida durante el gobierno de Hugo Chávez. Según cifras del Instituto Nacional de Tierras (INTI), desde entonces el Estado ha adjudicado más de 14 millones de hectáreas mediante cientos de miles de títulos de propiedad y uso.
Diversas organizaciones no gubernamentales han cuestionado el impacto de esas políticas. La ONG Acceso a la Justicia sostiene que la legislación facilitó procesos de expropiación en distintas regiones del país, mientras que Cedice Libertad considera que las medidas generaron inseguridad jurídica y afectaron la inversión privada en el sector agroproductivo.
De acuerdo con registros del Consulado General de España en Caracas, hasta el año 2013 se contabilizaban más de un centenar de fincas agrarias pertenecientes a ciudadanos españoles sujetas a expropiaciones en territorio venezolano.
Las recientes declaraciones de Rodríguez ocurren además en un contexto político marcado por cambios dentro del oficialismo, luego de los acontecimientos registrados desde enero y las reformas anunciadas en áreas estratégicas de la economía nacional.
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