Egleé González Lobato, consultora electoral, no cree que el gobierno desestime el Acuerdo de Barbados y el CNE convoque las elecciones para 2025. Si las elecciones no son este año, el oficialismo violaría los artículos 230 y 231 de la Constitución. Preocupa el desarrollo del cronograma electoral
La oposición venezolana comenzó 2024 enfocada en que este sea el año de las elecciones presidenciales, tal y como se estableció en Barbados en octubre pasado, en el marco del acuerdo político con el gobierno, con aval de funcionarios de la Casa Blanca como mediadores en la negociación.
Sin embargo, la semana pasada, Jorge Rodríguez, en encuentro televisado con Nicolás Maduro, mandatario nacional, sembró dudas. En alocución, el presidente de la AN, se refería a las fechas de las elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes, y de la Asamblea Nacional. Fue entonces que asomó 2025, en sus palabras. Y ello, además de alarma, generó confusión.
Aunque, en sus palabras, nunca se pueda descartar una estrategia como esa, Egleé González Lobato, consultora político electoral, escucha el discurso y no le da mayor vuelo al tema. “No creo que esa sea una intención, sobre todo viniendo desde quien dirige la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de negociación como lo es Jorge Rodríguez, quien suele demostrar muy poca torpeza”, opinó.
González Lobato sostiene que el gobierno tendría que saltarse demasiadas reglas para hacerlo. Recuerda que en Barbados se fijaron acuerdos con tres objetivos principales: Elecciones justas, libres y competitivas, levantamiento de sanciones y defensa del Esequibo.
“Uno de los riesgos que tiene esta elección presidencial 2024 es que sea al modo de la presidencial 2018. ¿En qué medida? En que sea una elección convocada unilateralmente. ¿Por qué? Esta es una elección muy particular, que se celebra bajo el paraguas de los acuerdos de una negociación en México con facilitación internacional y que luego se consolidó en Barbados. Esos acuerdos fijan una posible fecha de la elección: último semestre del año”, esgrimió la especialista.
Para la consultora de temas electorales, hay un asunto que es discutible en la legislación venezolana y que la Constitución hace referencia del día en que se toma posesión del cargo presidencial, pero no dice cuándo es la elección.
Con esa incógnita se desarrollaron las elecciones presidenciales desde antes de 1998. “Se celebraba la elección lo más cercano al momento de entregar el mando, especialmente si se producía una alternabilidad de poder. Entonces para no dejar tanto tiempo en incertidumbre al país, y hablar de una transición ordenada, esa elección se celebraba los diciembres de cada 5 años. Posteriormente, con la Constitución del 99, cada 6 años”, recordó.
La también abogada y capacitadora de procesos electorales sitúa en 2017, con la elección de gobernadores, el momento en que la mala práctica dio paso a la selección de una fecha discrecional por parte del CNE. “Creo que esos comicios debieron realizarse mucho antes y no había una fecha final para que se realizara la elección. En aquel momento todos los factores presionaron para que se diera la fecha y era muy importante porque por lo menos tiene que haber un lapso de 6 meses entre la convocatoria y el acto de votación”, precisó.
Violación constitucional
Para Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, resulta imperante la defensa de los artículos 230 y 231 de la Constitución Nacional al exigir las fechas de los comicios y la conformación de un cronograma electoral.
“El artículo 230 de nuestra Constitución Nacional establece que el periodo presidencial es de seis años. El actual mandato se vence este año. Además, el artículo 231 de la Constitución es preciso al establecer que el candidato elegido toma posesión del cargo de presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional. El 10 de enero de 2025, por voluntad del pueblo, habrá un nuevo presidente en Venezuela”, expresó.
Cabezas levantó como escudo de su discurso el Acuerdo de Barbados. “De cara a la comunidad internacional y al país, es obligante para el madurismo y para la Plataforma Unitaria Democrática. Lo contrario sería una nueva burla al proceso de negociación y el acuerdo que busca establecer una especie de estatuto de garantías políticas que faciliten la transición política de manera democrática, civilizada y sin revanchas o persecuciones”, puntualizó.
Preocupan las garantías
Las presidenciales estarían enmarcadas en un año con movimientos importantes en la geopolítica mundial. Eugenio Martínez, director de Votoscopio, asegura que en 2024 se celebrarán presidenciales en varios países del continente: El Salvador (4F), Panamá (5M); República Dominicana (19M); México (2J); Uruguay (27O) y EEUU (5N). “Solo en Venezuela se desconoce la fecha y el cronograma de ejecución de los procesos claves de la elección”, asegura.
Martínez explica en la red social X que “lamentablemente” la Ley Orgánica de Procesos Electorales no tiene plazos para el desarrollo de la mayoría de los procesos elementales de una elección (campaña, operativos para actualizar el RE, fecha de la elección). ¿Qué quiere decir con esto? Que los procesos esenciales responden a la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral.
“En 2021, el operativo especial para actualizar el Registro Electoral duró 45 días; pero en 2018 fue de 20 días. En 2017 este operativo apenas fue de 10 días, mientras en 2015 duró cinco meses”, precisó el experto en temas electorales, quien aseguró que muchos dirigentes políticos opositores solo piden la fecha y parecen olvidar los hitos estratégicos del cronograma.
“Así que no basta con ‘exigir’ la fecha de la elección. Es necesario exigir y negociar los lapsos para la ejecución de procesos esenciales como la actualización del RE, auditorías al sistema de votación, observación nacional-internacional e inscripción de candidatos”, añadió. Todo el paquete de garantías electorales negociados en Barbados. En ello coincide Egleé González Lobato.
Martínez también, detalló que “las leyes sí estipulan que el Registro Electoral debe cerrar dentro de los 30 días posteriores a la convocatoria y este lapso es un problema complejo de resolver”, ya que, “si -hipotéticamente- la presidencial de 2024 se convoca en enero, el RE debe cerrar aproximadamente en las cuatro semanas posteriores a la convocatoria, tiempo insuficiente para lograr que los venezolanos en el extranjero logren actualizar sus datos o 2 millones de jóvenes se inscriban dentro de Venezuela”.
Sin embargo, para “eludir” el problema de la fecha de cierre del RE, el CNE pudiese anunciar -como lo ha hecho en el pasado- un cronograma de fechas claves, sin anunciar la convocatoria oficial. «Esta solución pasa por una negociación y porque la oposición sepa qué pedir en ella”, expresó.
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