El opositor Enrique Márquez demanda que el proyecto de presupuesto 2027 sea debatido abiertamente y publicado, advirtiendo que su importancia trasciende lo administrativo. La falta de acceso a la información plantea serias dudas sobre la gestión gubernamental
En un claro llamado a la transparencia, el opositor Enrique Márquez exigió este miércoles que el debate sobre el presupuesto nacional para el próximo año se realice de manera abierta y que el proyecto enviado al Parlamento hace dos semanas sea publicado junto con su análisis de impacto económico. Para Márquez, el presupuesto no debe ser visto como un simple trámite administrativo o contable.
«Representa el pilar institucional indispensable para viabilizar una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática e institucional», destacó el exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). En su opinión, el presupuesto debe cumplir con funciones macroeconómicas clave que aseguren la gobernabilidad y la legalidad financiera, así como servir como un ancla antiinflacionaria mediante una coordinación fiscal y monetaria estricta que elimine el financiamiento monetario del déficit.
Márquez también subrayó la necesidad de que el presupuesto propicie la reactivación productiva a través de inversiones en infraestructura crítica. El pasado 14 de octubre, el Gobierno venezolano presentó al Parlamento el proyecto de presupuesto para 2027, el cual, según el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, se centra en la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha sido devastado por la inflación.
A pesar de estas afirmaciones, ni el Ejecutivo ni el Parlamento han hecho público el contenido del proyecto presupuestario, lo que ha llevado a Transparencia Venezuela a exigir su divulgación el 16 de octubre. La organización advirtió que desde hace una década, los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal oficial.
La experiencia de años anteriores sugiere que, tras la aprobación de las leyes, solo se anunciará un monto global en bolívares, con más del 70% destinado a gastos sociales, que en su mayoría se van en salarios y gastos fijos, sin destinarse adecuadamente a la inversión social. La falta de información suficiente para examinar las asignaciones concretas sigue siendo una preocupación latente en la gestión financiera del país.
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