Ante la posibilidad de implementación de los brazaletes electrónicos para el arresto domiciliario, anunciada por el integrante de la comisión especial para la Reforma del Sistema Judicial, Julio García Zerpa, en el mes de noviembre, diversos entes, parlamentarios y abogados en materia penal lo estiman como una alternativa favorable para el descongestionamiento de cárceles.
El doctor en Ciencias Penales y Criminalísticas y Derecho Penal, Alfonso Granadillo, durante una entrevista en Notitarde, manifestó que presagia de manera muy positiva la implementación de este dispositivo, el cual desde hace décadas se está empleando en naciones vecinas. Considera que este sistema ofrece mejores posibilidades para la reinserción social.
El abogado destacó que Venezuela, en un futuro reciente debe ir adoptando este tipo de dispositivos para casos de medida cautelar preventiva de libertad casa por cárcel. Este tipo de instrumento procesal de carácter precautorio, otorgados por tribunales de la república, deben ser incluidos cuando se revise el Código Orgánico Procesal Peal, para garantizar que con su ejecución los ciudadanos que tengan restringida su libertad la puedan cumplir y el Estado venezolano pueda tener el aseguramiento y autonomía sobre ese dispositivo, consideró Granadillo.
Por otra parte, precisó que el gobierno está aplicando un procedimiento de descongestionamiento carcelario y hay una comisión presencial asignada para el estudio y revisión de todos los casos que se encuentran en las distintas fases del proceso penal, para que se evalúen y clasifiquen los delitos menores y puedan otorgarles esta medida.
La ejecución de esta medida cautelar contribuirá a terminar de desmontar el pranato que le ha hecho daño al país. Las cárceles se habían convertido en un nudo gordiano, por lo que el gobierno ha decidido a través de distintos órganos de seguridad del Estado, abordar los recintos carcelarios para poner orden.
Granadillo apuntó que el gobierno debe hacerse de las mejores voluntades con la participación de Iglesias, universidades y colegios profesionales como el de sociología, psicología y de abogados, para que participen en la discusión de leyes a implementar para que mejore el funcionamiento de las cárceles en el país.