El menor de edad estudiaba 5° año de bachillerato, además de ser pelotero y aprendiz de panadero, cuando lo detuvieron. Durante su reclusión sufrió un deterioro significativo de su salud, con infecciones respiratorias, lesiones bucales, ansiedad y depresión
Organizaciones de derechos humanos denunciaron el martes la condena a 10 años de prisión contra Gabriel José Rodríguez Méndez, un adolescente de 17 años de edad, a quien el sistema judicial venezolano declaró culpable de los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que la sentencia la dictó la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes con competencia nacional, con sede en Caracas.
La condena contempla seis años de privación de libertad y cuatro años de trabajo comunitario.
La organización aseguró que la decisión se basó en acusaciones sin pruebas y calificó el fallo como “aberrante e injusto”.
A Gabriel Rodríguez lo detuvieron de forma arbitraria el 9 de enero, sin orden judicial, y el comité afirmó que su aprehensión estuvo motivada por prejuicios relacionados con su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener “pinta de guarimbero”.
Destacó que el adolescente estudiaba quinto año de bachillerato, además de ser pelotero y aprendiz de panadero cuando lo detuvieron. Durante su reclusión, afirmó la ONG, sufrió un deterioro significativo de su salud, con infecciones respiratorias, lesiones bucales, ansiedad y depresión.
Pese a ello, logró culminar sus estudios de bachillerato privado de libertad y lo admitieron para iniciar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.
Una pena desproporcionada
Justicia, Encuentro y Perdón subrayó que la desproporcionalidad de la pena resulta “especialmente dolorosa” por tratarse de un menor de edad y advirtió que la condena marca de manera irreversible la vida del adolescente y amenaza con destruir su proyecto futuro.
También denunció irregularidades en el proceso, entre ellas la falta de una defensa efectiva, la exclusión de los padres en audiencias y la judicialización del caso con criterios aplicados a adultos.
Ambas organizaciones sostienen que la sentencia vulnera principios fundamentales de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, como el interés superior del niño, el derecho a la libertad personal, a la educación y a que la privación de libertad sea utilizada solo como último recurso.
En sus pronunciamientos, hicieron un llamado a la sociedad venezolana a no normalizar este tipo de decisiones y exhortaron a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a observar el caso y pronunciarse. Asimismo, exigieron la nulidad de la sentencia y la liberación inmediata de Gabriel Rodríguez, al considerar que la aplicación del delito de terrorismo contra adolescentes constituye una forma de criminalización y violencia de Estado
elnacional
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