Diputados de la Asamblea Nacional realizan un despliegue territorial para discutir el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. La iniciativa busca transformar el enfoque punitivo en uno de prevención y educación.
Este fin de semana, la Asamblea Nacional se embarca en un ambicioso despliegue territorial para someter a consulta pública el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Este instrumento jurídico, que recibió aprobación en su primera discusión el pasado 3 de noviembre, busca incorporar la voz de la ciudadanía en su redacción final.
La iniciativa, coordinada por parlamentarios regionales en colaboración con movimientos sociales y organizaciones comunitarias, tiene como objetivo recoger propuestas y observaciones técnicas antes de su segunda discusión en plenaria. Esta metodología busca fortalecer el vínculo entre el poder legislativo y la sociedad civil, asegurando que las reformas reflejen las necesidades y preocupaciones del pueblo.
El cronograma establecido por la Comisión Especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, presidida por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, prevé tres días de debates continuos en espacios públicos, auditorios, consejos legislativos estadales y concejos municipales. Este sábado 14 de noviembre, las asambleas de consulta se desarrollan simultáneamente en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Guayana Esequiba, Lara, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia.
La revisión del instrumento legal, sancionado originalmente en 2017, plantea un cambio radical: sustituir el esquema punitivo por un modelo centrado en la prevención, la educación ciudadana y el reconocimiento plural. La directiva de la comisión parlamentaria ha señalado que esto implicará la derogación y modificación sustancial de diversos artículos sancionatorios, en base a evaluaciones realizadas con instituciones del sistema de justicia y sectores académicos.
En un contexto donde la convivencia pacífica es cada vez más necesaria, la reforma se presenta como una oportunidad para redefinir la relación entre la ley y la ciudadanía. Sin embargo, el éxito de este proceso dependerá de la participación activa y el compromiso de todos los sectores involucrados.
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