Una iniciativa busca que el otorgamiento de préstamos por parte de Rusia contribuya a formar una imagen positiva de esa nación «como acreedor y donante internacional responsable».
Con la nueva política de préstamos, dos tradicionales aliados de Vladimir Putin, Venezuela y Cuba, podrían quedar por fuera de los seleccionados para ser receptores del dinero ruso.
En el borrador del proyecto que adelanta el ministerio de Finanzas ruso, se afirma que cada crédito que ese estado otorgue, debe considerar la viabilidad económica y comercial.
Aunque se aclara que la nueva medida no debería implicar la revisión automática del las concesiones de préstamos estatales, también se establece que entre los deudores tradicionales de Rusia hay algunos que no podrán seguir percibiendo créditos.
De aprobarse la medida, quedarán excluidos de la asistencia financiera rusa: países en conflictos militares y crisis sociales; países con sanciones de la ONU respaldadas por Rusia; estados clasificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el sexto o más bajo nivel de riesgo crediticio.
Tampoco se considerará a los países con una calificación crediticia a largo plazo por debajo de B- (Standard & Poor’s, Fitch) o B3 (Moody’s Investors Service).
De esta manera, países como Siria, Yemen, Libia o Afganistán quedarían excluidos por encontrarse en una situación de guerra civil. En un estado de disputa militar territorial está Ucrania. También Armenia y Azerbaiyán se verían afectados por el conflicto congelado en Nagorno-Karabaj.
Sin embargo, el proyecto de resolución deja abierta una oportunidad al contemplar lo estratégico «de las relaciones de la Federación Rusa con el estado prestatario».
De los créditos más problemáticos que mantiene Rusia, está el de Venezuela quien recibió en 2011 hasta 4 mil millones de dólares para la compra de armas.
Al menos tres veces ha sido refinanciada esa deuda por parte de la nación suramericana. Inicialmente, se suponía que debía liquidar toda la deuda del préstamo para septiembre de 2018, pero la fecha límite para los pagos finales se trasladó a 2027.
Fuente: El Impulso