María Claudia Tarazona, viuda del exsenador colombiano Miguel Uribe Turbay, afirmó que el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado ordenado de forma conjunta por el expresidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, con financiamiento proveniente de Venezuela y ejecutado por la estructura disidente Segunda Marquetalia.
En entrevista otorgada a Noticias RCN, Tarazona aseguró que la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una línea de investigación sobre el carácter estatal del homicidio del excongresista del Centro Democrático.
Durante la conversación, la viuda de Uribe Turbay explicó que sus afirmaciones se fundamentan en información suministrada a su teléfono móvil por una fuente cercana, la cual ya reposa en el ente investigador. Según el relato, en abril de 2025 se enviaron alertas sobre atentados planeados contra precandidatos del Centro Democrático.
«Primero dijo que la plata había salido de Venezuela; segundo, que la orden había salido del Congreso y, tercero, envió la foto de la persona a la que le dieron la orden», detalló.
En relación con la presunta participación de las jefaturas de Estado de Colombia y Venezuela, Tarazona dijo: «Claramente, entre el presidente de Colombia y el dictador Maduro dieron la orden a la Segunda Marquetalia para el asesinato de Miguel».
De igual forma, la entrevistada vinculó el origen del conflicto personal y político entre su esposo y el expresidente Petro a votaciones sobre el presupuesto de transporte en Bogotá cuando este último ejercía como alcalde de la ciudad.
«A mí no me cabe la menor duda, falta que probatoriamente lleguemos a eso. Pero si me preguntan a mí, Petro estuvo detrás de la muerte de Miguel y lo interesante acá es entender si el de Miguel fue un crimen de Estado», sostuvo ante Noticias RCN.
Omisiones en la seguridad y avance del proceso penal
Tarazona responsabilizó al esquema de protección institucional por las fallas operativas que facilitaron la acción de los agresores en la vía pública.
La viuda sostuvo que el exsenador solicitó en más de 25 oportunidades el reforzamiento de su equipo de escoltas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin obtener respuesta favorable por parte de la entidad gubernamental encargada de velar por su integridad.
La Fiscalía General de la Nación evalúa las evidencias digitales, los testimonios rendidos y los datos aportados por la familia para esclarecer las responsabilidades intelectuales y materiales de la estructura armada en el hecho.
El Nacional
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