La medida revierte la orden ejecutiva emitida por Biden al inicio de su periodo, que revocó las sanciones contra funcionarios del tribunal por investigaciones contra tropas estadounidenses. Además, busca contrarrestar las órdenes de arresto que la CPI publicó contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El Congreso de EE. UU. avanza en una legislación para sancionar a la CPI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una orden ejecutiva de la administración de Joe Biden y reinstauró sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en respuesta a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses.
Esta medida también busca contrarrestar las recientes órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
La decisión de Trump reactiva las sanciones implementadas durante su primer mandato en 2020, que bloqueaban propiedades y activos en Estados Unidos de cualquier funcionario de la CPI involucrado en investigaciones sobre tropas estadounidenses. Estas sanciones habían sido eliminadas por Biden al inicio de su administración.
Israel presionó para que Estados Unidos tome medidas contundentes contra la CPI, luego de que el tribunal acusara a Netanyahu y Gallant de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.
Las acusaciones incluyen ataques a la población civil y la supuesta utilización del hambre como método de guerra al dificultar la entrada de ayuda humanitaria.
En paralelo, el Congreso estadounidense avanza con su propia iniciativa para sancionar a la CPI. La Cámara de Representantes aprobó recientemente la «Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos», con una votación de 243 a favor y 140 en contra.
Esta legislación busca sancionar a cualquier funcionario de la CPI o entidades que respalden investigaciones o procesos legales contra ciudadanos estadounidenses o aliados, incluyendo a Israel.
El proyecto de ley establece restricciones como el bloqueo de visas y la prohibición de transacciones de propiedades en Estados Unidos. Sin embargo, aún requiere la aprobación del Senado, donde enfrenta un panorama más complejo.
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