La administración Trump solicita a la Corte Suprema levantar la orden judicial que impide la construcción de un muro fronterizo en Texas. El proyecto, valorado en 1.700 millones de dólares, enfrenta la oposición de organizaciones conservacionistas
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una ofensiva judicial para reanudar la construcción de un muro fronterizo en el remoto parque nacional Big Bend, en Texas. Este miércoles, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que levante la orden de un tribunal inferior que bloquea la edificación de barreras en una franja de aproximadamente 800 kilómetros de la frontera con México.
Los fiscales del gobierno argumentan que la decisión del tribunal de Texas actúa como un “obstáculo” a la responsabilidad del gobierno de proteger una cuarta parte de la frontera, que enfrenta constantes incursiones de inmigrantes y narcotraficantes. En este contexto, el proyecto, con un costo estimado de 1.700 millones de dólares, incluye no solo la construcción del muro, sino también una carretera, cámaras, sensores y barreras para vehículos.
El parque nacional Big Bend, que abarca más de 324.000 hectáreas, es un área protegida que alberga especies en peligro de extinción y posee valiosos yacimientos arqueológicos, además de paisajes icónicos. Sin embargo, las organizaciones conservacionistas han presentado su oposición, alegando que la administración Trump ha violado la Constitución al eximir las obras de cumplir con múltiples leyes para acelerar la construcción de las barreras fronterizas.
En 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que el gobierno no estaba obligado a acatar varias normativas, en su mayoría medioambientales, debido a la “necesidad aguda e inmediata” de combatir la entrada ilegal de migrantes y el narcotráfico.
La construcción del muro fronterizo se mantiene como una de las prioridades en la política migratoria de Trump. En enero de 2025, tras su regreso a la Casa Blanca, ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante la implementación de barreras físicas y otras infraestructuras de control. El futuro de esta ambiciosa obra parece depender ahora de la decisión de la Corte Suprema.
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