En menos de 48 horas, el país del Himalaya, Nepal, pasó de querer implementar censura digital a una insurrección nacional. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra el bloqueo de redes sociales se transformó en una revuelta que puso fin al gobierno, incendió el Parlamento y dejó al país sumido en caos total.
El pasado jueves 4 de septiembre, el gobierno del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli ordenó el cierre de redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok, X, LinkedIn y Reddit, alegando que no se habían registrado ante el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información. La medida fue presentada como una estrategia para combatir delitos cibernéticos y discursos de odio, pero fue percibida por los ciudadanos como un acto de censura directa.
Al presente, 12 de septiembre de 2025, el balance las violentas protestas en Nepal suma 51 muertes desde el caos que derrocó al Gobierno del primer Ministro K.P. Sharma Oli. El portavoz de la policía Binod Ghimire, también detalló que más de 12 mil 500 prisioneros que escaparon de múltiples cárceles en todo el país siguen prófugos.
La decisión coincidió con una campaña viral en TikTok bajo el hashtag #NepoKid, donde se exponía el estilo de vida ostentoso de los hijos de políticos: mansiones, relojes de lujo, viajes en jets privados entre otros. En un país donde el ingreso promedio es de los más bajos de Asía, estas imágenes llenaron de indignación a la generación joven.
La “generación Z” toma las calles
El lunes 8 de septiembre, miles de jóvenes, muchos también en uniforme escolar, se congregaron en Katmandú para marchar hacia el Parlamento. La protesta, inicialmente pacífica, fue reprimida con cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma. Videos difundidos en redes mostraban a estudiantes siendo abatidos, y se denunció el uso de gas lacrimógeno dentro de hospitales que atendían a los heridos.
La represión provocó una reacción en cadena. En cuestión de horas, los manifestantes incendiaron el Parlamento, la residencia presidencial y varias viviendas de líderes políticos. La casa del primer ministro en Balkot fue asediada y quemada con su esposa dentro, provocando su muerte. El presidente del país, Ram Chandra Poudel, también fue atacado, y cuatro ministros presentaron su renuncia en rechazo a la violencia estatal.
Colapso institucional y vacío de poder
La revuelta se volvió irreversible. El Ejército ocupó el Aeropuerto Internacional de Katmandú, se impuso un toque de queda en varias ciudades y se suspendieron las clases en todo el país. Las cifras oficiales hablan de al menos 22 muertos y más de 340 heridos. El martes 9 de septiembre, el primer ministro presentó su renuncia y convocó a una reunión de emergencia con líderes de todos los partidos.
El Parlamento Federal, el Congreso Nepalí y varias oficinas ministeriales fueron saqueadas e incendiadas. El ejercito nepalí tomó cartas en el asunto e hizo un llamado a la calma y a solucionar de forma pacífica la situación e insto a los ciudadanos a “ejercer la moderación para evitar más pérdidas de vidas y propiedades en esta situación crítica”.
El liderazgo del movimiento de insurrección es difuso, no hay figuras centrales pues fue espontanea e impulsada por estudiantes, activistas digitales y ciudadanos comunes. La protesta se ha expandido para exigir transparencia, rendición de cuentas y una reforma profunda del sistema político.
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Naciones Unidas pidió respeto a los derechos humanos y condenó el uso excesivo de la fuerza. La Unión Europea instó a una transición pacífica y ofreció apoyo para facilitar el diálogo. India y China, vecinos estratégicos, han reforzado la seguridad en sus fronteras y suspendido vuelos hacia Katmandú. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han iniciado investigaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante la represión.
En un comunicado previo a su renuncia, el primer ministro aseguró que su gobierno no se oponía a las demandas de la generación Z, reconociendo el carácter legítimo de sus reclamos. Se declaró “profundamente entristecido” por los hechos violentos ocurridos el lunes, pero atribuyó la escalada del conflicto a la infiltración de “grupos con intereses creados”, sin ofrecer detalles sobre quiénes serían ni qué objetivos perseguían.
NAM/Nilson Ramírez/Pasante/Agencias
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