La policía de Nicaragua informó este sábado que puso bajo arresto domiciliar al político opositor nicaragüense Noel Vidaurre, el séptimo aspirante presidencial detenido por el gobierno de Daniel Ortega a menos de cuatro meses de las elecciones del próximo 7 de noviembre.
En un comunicado, la entidad anunció que tomó la misma medida con el comentarista político Jaime Arellano, un crítico del gobierno sandinista. Ambos fueron citados a declarar este mismo sábado ante la Fiscalía y ahora permanecen en sus casas “bajo custodia policial”.
El informe policial indicó que se inició una investigación contra Arellano y Vidaurre, un veterano conservador de 66 años, “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, entre otros delitos consignados en la Ley 1055 o Ley de Soberanía.
También se les investiga por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, según el comunicado oficial.
Los cargos son los mismos imputados contra otros 26 opositores presos desde el pasado 27 de mayo, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro (también bajo arresto domiciliar), Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena.
También están detenidos los ex vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, los exguerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez y Hugo Torres, así como cuatro dirigentes opositoras, dos líderes universitarios, un periodista y dos empresarios, entre otros.
Noel Vidaurre era uno de los precandidatos presidenciales de la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), al igual que Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Mairena, detenidos después de declarar ante la Fiscalía. Otra aspirante de CxL era la abogada María Asunción Moreno, que abandonó el país tras ser llamada por el Ministerio Público.
La alianza CxL oficializó el viernes la candidatura presidencial del excomandante de la “contra” antisandinista en la década de 1980 Oscar Sovalbarro (alias “Rubén”), quien aún no ha confirmado si ha aceptado esa postulación.
Por su parte, tras declarar en la Fiscalía, Jaime Arellano indicó que fue cuestionado por criticar un reciente discurso de Ortega y se le advirtió que podría ser acusado bajo la Ley de Ciberdelitos. Según el comentarista, esto es “parte del mecanismo de intimidación” a los opositores.
Nicaragua vive una grave crisis que inició tras las protestas sociales de 2018, cuando la violenta acción de policías y paramilitares dejó 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados, de acuerdo con cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
NAD