Según el comunicado, el exmandatario fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, “violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969″, para luego ser objeto de un tratamiento judicial.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, añadieron.
Por ello, exhortan a quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio.
Asimismo, piden que las autoridades respeten los derechos humanos del mandatario Castillo y se el garantice la protección judicial.
Fuente: Perú21
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