Un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al estatus legal de cerca de 900.000 migrantes que ingresaron o regularizaron su situación a través de la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno de Joe Biden.
La jueza Allison Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, determinó que la revocación masiva de la libertad condicional migratoria violó la ley federal. El fallo responde a la decisión tomada en abril, cuando el gobierno envió un correo electrónico a los beneficiarios indicándoles: “Es hora de que abandonen los Estados Unidos”.
En su resolución, Burroughs subrayó que las autoridades no pueden actuar sin límites legales: “Las regulaciones no otorgan a la agencia discreción ilimitada para revocar la libertad condicional”.
Añadió que “cuando los demandados pusieron fin a la libertad condicional de los extranjeros afectados sin respetar el procedimiento establecido por la ley y por sus propios reglamentos, tomaron medidas que ‘no se ajustaban a la ley’”.
De acuerdo con expertos legales citados por medios estadounidenses, el fallo refuerza la obligación del gobierno de evaluar los casos de manera individual y seguir procesos formales antes de retirar beneficios migratorios.
La aplicación CBP One fue lanzada durante la administración Biden como parte de una estrategia para ordenar el flujo migratorio en la frontera sur. Permitía a los solicitantes agendar citas para pedir asilo y, en algunos casos, obtener permisos temporales de permanencia de hasta dos años.
Sin embargo, la administración Trump argumentó que este programa representaba un abuso de autoridad, al otorgar permisos de manera generalizada en lugar de evaluaciones caso por caso.
Tras asumir el cargo, Trump cerró la aplicación en su primer mes de gobierno y posteriormente avanzó con la cancelación del estatus legal de sus beneficiarios.
“Alivio tras meses de incertidumbre”
Organizaciones que impulsaron la demanda celebraron la decisión judicial. La Asociación Venezolana de Massachusetts afirmó que el fallo “brinda un alivio largamente esperado tras meses de miedo e incertidumbre”.
Por su parte, Democracy Forward, que participó en el litigio, calificó la decisión como un freno a políticas arbitrarias.
Su presidenta, Skye Perryman, declaró: “El fallo de hoy supone un claro rechazo a una administración que ha intentado borrar la situación legal de cientos de miles de personas con solo pulsar un botón” .
Añadió que los migrantes afectados “cumplieron con la ley” y que el intento de retirarles el estatus “de la noche a la mañana fue ilegal y cruel”.
NAM – La Opinión
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