Trump sorprendió al país al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que le otorgaba poderes extraordinarios para detener y deportar a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la banda Tren de Aragua. Sin embargo, apenas unas horas después de su proclamación, un juez federal bloqueó por 14 días la medida, impidiendo su aplicación inmediata.
Pero ¿qué habría sucedido si la ley no hubiese sido bloqueada?
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una de las legislaciones más polémicas y draconianas en la historia de EE.UU. Creada en el contexto de las Leyes de Extranjería y Sedición, su propósito era permitir al presidente detener y deportar a ciudadanos de países considerados enemigos en tiempos de guerra.
Históricamente, solo ha sido utilizada en conflictos bélicos formales, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se aplicó para internar y expulsar a miles de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses. Su resurgimiento en 2025, fuera de un contexto de guerra declarada, representa un uso sin precedentes y jurídicamente cuestionable.
Si el juez Boasberg no hubiese bloqueado la orden de Trump, la activación de esta ley habría significado que cualquier venezolano mayor de 14 años podría haber sido detenido y deportado sin audiencia judicial, solo con la presunción de que tenía vínculos con el Tren de Aragua. No se requerirían pruebas concretas ni un proceso legal ordinario, dejando a miles de personas vulnerables a expulsiones inmediatas.
Si la ley se hubiese implementado sin restricciones, las repercusiones para la comunidad venezolana habrían sido devastadoras. La proclamación de Trump no establecía criterios claros sobre cómo se identificaría a los supuestos miembros del Tren de Aragua, lo que abría la puerta a errores, perfilamiento racial y detenciones arbitrarias.
Miles de venezolanos, incluidos aquellos con asilo pendiente o protección temporal, podrían haber sido etiquetados erróneamente como “enemigos extranjeros” y deportados sin derecho a una defensa adecuada.
Permitir que una ley de guerra sea utilizada como herramienta migratoria crearía un peligroso precedente autoritario, donde el presidente podría decidir unilateralmente quién merece derechos y quién puede ser expulsado sin juicio.
NAM/Agencias
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