El Ejecutivo de Pedro Sánchez cree que Venezuela se va a enfrentar a “una intervención puntual” de Estados Unidos que intente provocar la caída de Maduro por deserciones en el chavismo. Su preocupación es la suerte que puedan correr sus ciudadanos que se encuentran en cárceles venezolanas
En el contexto de tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, España comenzó a preparar planes de ayuda para la salida de españoles de Venezuela, así como de protección de opositores del país caribeño, según reveló el medio The Objective en una reciente publicación.
España cuenta en la actualidad con más de 150 mil ciudadanos en Venezuela. La inmensa mayoría dispone también de la nacionalidad venezolana, por lo que no se contempla una evacuación propiamente dicha en estos momentos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez cree que Venezuela se va a enfrentar a “una intervención puntual” de Estados Unidos que intente provocar la caída de Maduro por deserciones en el chavismo, de acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio español.
Las mismas recuerdan que el Gobierno de Maduro no tiene el favor de la población desde los comicios presidenciales en julio del año pasado. La incógnita en Madrid, como en el resto de capitales, es adivinar cómo será esa supuesta intervención militar de Washington y su prolongación en el tiempo.
Se descarta a priori una invasión de marines como la de Panamá de 1989 para desalojar del poder al general Manuel Antonio Noriega, aunque la presencia naval y de efectivos en la zona que ha enviado Donald Trump sea mayor que la de entonces. Noriega cuenta con varias semejanzas con el caso de Maduro, aunque les separa la ideología. El primero gobernó con mano de hierro el país centroamericano durante seis años y tenía oprimida a la oposición.
Tras el inicio de la invasión, se refugió en la embajada del Vaticano durante dos semanas antes de entregarse a las fuerzas estadounidenses. Luego se enfrentó a juicios por narcotráfico por sus vínculos con el cártel de Medellín, tanto en EE. UU. como en Francia, y pasó más de veinte años en prisión, primero en Miami y más tarde en el penal parisino de La Santé, por el que ha pasado Nicolas Sarkozy en las últimas semanas.
Noriega regresó a su país en 2011 para vivir sus últimos años en arresto domiciliario. Panamá es, hoy en día, una de las democracias mejor asentadas del continente. De ahí que la diáspora venezolana tenga esperanzas de que ocurra lo mismo en su territorio tras una transición lo más pacífica posible.
En el Gobierno español sí preocupa la suerte que puedan correr sus ciudadanos que se encuentran en cárceles venezolanas. La administración de Maduro permitió en octubre que el cónsul español en Caracas, Ramón Molina, visitase por primera vez en la cárcel de El Rodeo I a los ciudadanos vascos José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos hace un año cerca de la frontera con Colombia bajo la acusación de ser “terroristas y agentes del CNI”.
El gesto de Caracas con las autoridades españolas fue previo a la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado.
El cónsul pudo conversar con ambos presos, que se encuentran en celdas separadas, aunque comparten habitáculo con otros extranjeros. Al presidio se le llama “Naciones Unidas” entre los opositores porque alberga a la mayoría de los encarcelados de otros países, muchos de ellos en prisión provisional sin que se hayan formulado cargos en su contra.
Molina pudo comprobar que los dos amigos vascos se encuentran en buen estado y que el trato que reciben es correcto. Además, tanto Basoa como Martínez pudieron hablar por teléfono —también por primera vez— con sus familias en el País Vasco y compartir varias horas del día en zonas comunes de la prisión.
El cónsul también pudo entrevistarse con el canario Miguel Moreno Dapena y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, otros dos españoles encarcelados en El Rodeo I junto a otros españoles con doble nacionalidad.
El primero era uno de los tripulantes del buque cazatesoros N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec) que se dedicaba a buscar pecios de buques hundidos durante la Segunda Guerra Mundial y que, en el momento del apresamiento, a mediados de junio, se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela.
Tras casi dos semanas sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 con Moreno Dapena a bordo fue interceptado por la Armada bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco, al considerar que realizaba “investigaciones científicas” con un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país, según informó cinco días después el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
En cuanto a Gorbe Cardona, fue detenido en diciembre pasado, acusado inicialmente de tener su visado vencido, si bien fuentes políticas indicaron a El Mundo que se le aplicó la habitual extorsión policial, lo que al final acabó con su encarcelamiento.
Maduro se mostró beligerante con los dos ciudadanos vascos cuando se produjo las detenciones en septiembre de hace un año. En aquel momento, afirmó que ambos eran “terroristas” que “ponen bombas”, mientras que sus familiares insisten en que eran simples turistas. “Es un nuevo tipo de turismo: turismo de aventura. Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Turismo explosivo”, ironizó el mandatario.
Aseveró que “los capturados están convictos y confesos” y que las presuntas pruebas mostradas no eran “ni el 10 % de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia”.
Al hilo de ello, advirtió de que los magistrados “involucran a los turistas pacíficos” de varias nacionalidades europeas “que venían a poner bombas y a matar”. Este apresamiento se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y España, después de que Madrid acogiese a Edmundo González, tras concederle asilo político.
Maduro respondió llamando a consultas a su embajadora en Madrid durante varias semanas y convocando al entonces representante español en Caracas, Ramón Santos.
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