En una carta enviada a todos los miembros del Congreso, los fiscales generales —entre ellos los de California, Massachusetts y el Distrito de Columbia— solicitan que los agentes se identifiquen claramente y muestren la agencia a la que pertenecen en cualquier operativo en la vía pública relacionado con la aplicación de leyes civiles
Una coalición de fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos se ha unido para solicitar al Congreso la aprobación de una ley que prohíba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar redadas encubiertos, usando máscaras y vestidos de civil.
Es profundamente preocupante que, en Estados Unidos, agentes enmascarados puedan detener a personas en las calles, desplazarse en vehículos sin identificación sin siquiera identificarse como agentes del orden”, afirmó este martes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera esta coalición, en un comunicado citado por El Nuevo Herald.
En una carta enviada a todos los miembros del Congreso, los fiscales generales —entre ellos los de California, Massachusetts y el Distrito de Columbia— solicitan que los agentes se identifiquen claramente y muestren la agencia a la que pertenecen en cualquier operativo en la vía pública relacionado con la aplicación de leyes civiles.
Advierten además que permitir la actual práctica supone una “amenaza para la seguridad pública” y facilita la evasión de responsabilidades, generando un “clima de temor en comunidades de todo el país”.
Estas prácticas generan confusión y miedo, dificultan que los testigos o transeúntes puedan determinar si se trata de un operativo legal o de un secuestro, y obstaculizan la posibilidad de denunciar abusos”, señala la coalición, que también denuncia el uso frecuente de vehículos sin identificación por parte de los agentes del ICE.
Los fiscales expresan, además, su preocupación por el aumento de incidentes relacionados con detenciones realizadas por el ICE en calles, domicilios, lugares de trabajo e incluso tribunales, afectando también a representantes políticos del Partido Demócrata en diferentes estados del país.
Además de los estados mencionados, se sumaron a la petición los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
Dentro de su controvertido plan de deportaciones masivas, el presidente Donald Trump ha dotado al ICE de un presupuesto histórico, estimado en 75.000 millones de dólares, superando incluso el gasto militar de varios países, según expertos.
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