Javier Ramírez, fue aprehendido de forma violenta por agentes encapuchados, pese a que él les mostró su pasaporte que confirmaba ser nacido en los Estados Unidos. Este hombre y sus abogados alegan que la detención errónea fue por motivos raciales y ahora emprendieron una demanda millonaria, según Univisión.
Javier Ramírez estaba en su negocio de venta de autos en California cuando un grupo de encapuchados, que se identificaron como agentes de ICE, llegaron. Él acepta que sintió miedo al ver a los hombres encapuchados y vistiendo chalecos antibalas.
Tuve, tuve mucho miedo porque, pues imagínense la clase de personas que viene enmascaradas y luego todavía con su chaleco antibalas y dices tú: pues no estamos en México, no estamos en guerra. ¿Quién va a estar así? ¿verdad?», cuenta Ramírez, en un reportaje de Univisión. Todo cobró sentido cuando escuchó a uno de ellos gritar en inglés: ‘¡Agárralo, que es mexicano!’.
Ramírez asegura que nunca se resistió al arresto y que, pese a alegar que tenía su pasaporte y repetir que había nacido en San Bernardino, California, los hombres ignoraron su identidad. “Lo que hicieron fue por el color de mi piel”, relató.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ramírez fue detenido en medio de una operación migratoria y liberado tras confirmarse su ciudadanía.
El abogado Michael S. Carrillo dice que los agentes presuntamente entraron al negocio de Javier sin orden de registro.
«Estos agentes de ICE entraron a una propiedad privada sin una orden de registro y afirmaron en sus declaraciones juradas que Javier estaba tratando de esconderse entre los autos y que parecía sospechoso. Todo eso es falso, totalmente inventado».
Esta situación fue en junio pasado, pero este 20 de agosto Ramírez presentó un reclamo legal y pide un millón de dólares.
Demanda millonaria
Javier Ramírez hizo su denuncia junto a otros cinco ciudadanos y un residente legal quienes reclaman por detenciones erróneas por parte de agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Cary López, es otra de las demandantes y tenía nueve meses de embarazo cuando fue detenida en junio. Asegura que su bebé nació prematuro.
Los abogados alegan perfil racial y violaciones a derechos civiles. Piden un millón de dólares por cada caso.
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