«Estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas»
«Quiero informar que hemos mantenido comunicación fluida con las empresas trasnacionales de petróleo y gas que operan en el país, y que han sido notificadas en las últimas horas por el gobierno de los EE. UU. sobre la revocatoria de sus licencias».
La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en un comunicado a través de su canal en Telegram, donde afirmó que «estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas», dijo.
Rodríguez insistió en que las empresas «no requieren autorización de ningún gobierno extranjero».
La semana pasada, el presidente de EE. UU. Donald Trump. anunció que cobraría un arancel de 25% a las empresas que negociaran petróleo con Venezuela y hasta ese momento no había especificado las empresas.
Pero, a medida que pasaron los días, las empresas fueron recibiendo las notificaciones de revocatoria de sus licencias para operar en Venezuela.
Se trata de la española Repsol, la italiana ENI y la francesa Maurel & Prom. Incluso, el sábado, el gobierno de Trump ordenó a Global Oil Terminals del magnate Harry Sargeant III abandonar Venezuela.
Actualmente, Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios y en la operación Chevron ayudaba con 220.000, Repsol con unos 60.000 y Maurel & Prom con entre 20.000 y 25.000 bd.
De estas empresas, solo Chevron tiene la licencia extendida hasta los últimos días de mayo.
Pero, en la nueva licencia de Chevron hay una serie de restricciones que afectan al gobierno de Maduro.
Chevron no podrá pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», ni dividendos a PDVSA, ni a ninguna compañía en la que esta posea, «directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%», reseña la AFP.
También prohíbe la venta de petróleo o productos petroleros «a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos» y transacciones con empresas controladas por compañías de la Federación Rusa.
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