El fiscal general del estado, James Uthmeier, reconoció en un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida que en julio se realizaron arrestos bajo la ley SB 4-C. Los casos involucraron al guatemalteco Juan Vásquez Salas y al mexicano José Bersay Díaz Salas.
El Gobierno de Florida ha continuado realizando arrestos de migrantes bajo su controvertida ley SB 4-C, considerada una de las más severas del país, que criminaliza a los indocumentados a nivel estatal. Esto ocurre a pesar de una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en julio, suspendió su aplicación, según documentos judiciales.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, reconoció en un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida que en julio se realizaron arrestos bajo esta legislación. Los casos involucraron al guatemalteco Juan Vásquez Salas y al mexicano José Bersay Díaz Salas.
Díaz Salas fue detenido el 3 de julio tras un accidente de tráfico en el condado de Sarasota, que dejó varios heridos y daños a tres vehículos. Posteriormente, el 28 de julio, las autoridades arrestaron a Vásquez Salas tras otro incidente de tránsito.
A pesar de la orden de la Corte Suprema, que el 9 de julio reafirmó el fallo del Tribunal de Distrito del Sur de Florida, el cual suspendió temporalmente la aplicación de la SB 4-C desde el 18 de abril, los arrestos han continuado. La jueza Kathleen M. Williams declaró al fiscal del estado en desacato por desobedecer su orden y le ordenó presentar informes periódicos sobre el número de arrestos llevados a cabo bajo esta ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Desde su aprobación en febrero, la ley SB 4-C ha enfrentado críticas, y organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) han presentado una demanda, argumentando que la ley es inconstitucional y que la regulación migratoria es competencia del gobierno federal.
Recientemente, estas organizaciones han acusado al Gobierno de Florida de utilizar la SB 4-C para realizar detenciones en el ‘Alligator Alcatraz’, un centro de detención migratoria para 2,000 personas inaugurado el 3 de julio, al oeste de Miami. Los demandantes han solicitado a la Corte del Distrito Sur de Florida que exija al gobierno estatal claridad sobre la autoridad bajo la cual opera este centro, citando un correo electrónico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que indica que la responsabilidad recae en las autoridades de Florida.
La normativa SB 4-C se ha convertido en un símbolo del esfuerzo de los estados gobernados por republicanos para combatir la migración irregular, y su desarrollo judicial podría tener repercusiones a nivel nacional.
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