Curaçao Refinery Utilities (CRU) habría aportado $200.000 a una campaña de lobby en Washington relacionada con la política de Estados Unidos hacia Venezuela. El aporte aparece vinculado a intereses empresariales del magnate estadounidense Harry Sargeant III, quien mantiene negocios relacionados con la antigua refinería de Curazao. La investigación no demuestra que CRU haya cometido un delito ni que el dinero haya influido en una decisión concreta del Gobierno estadounidense
Una investigación sobre las actividades del empresario petrolero estadounidense Harry Sargeant III puso bajo la lupa a Curaçao Refinery Utilities (CRU), empresa estatal integrada a la estructura de 2BAYS, por un supuesto aporte de 200.000 dólares a una campaña de lobby en Washington relacionada con la política de Estados Unidos hacia Venezuela.
El caso fue revelado por una investigación de Whale Hunting, del periodista Bradley Hope, y retomado por Crónicas del Caribe. Según los documentos y mensajes examinados, Sargeant contrató al excongresista estadounidense Aaron Schock para realizar labores de asesoría estratégica mientras buscaba proteger intereses comerciales afectados por las medidas de Washington hacia Venezuela.
De acuerdo con la investigación, cinco empresas e inversionistas vinculados a intereses venezolanos financiaron esta iniciativa. Entre los aportantes figurarían Chevron, con 100.000 dólares; CRU, con 200.000; Fidera y Mangart Capital Management, con 50.000 cada una, además de otros 80.000 dólares canalizados mediante la empresa taiwanesa Smart Property Solutions.
La investigación sostiene que el objetivo era promover en Washington una posición más favorable a los acuerdos comerciales con Venezuela, frente a sectores que defendían una política de mayor presión sobre Caracas.
La participación de CRU adquiere especial relevancia debido a su condición de empresa estatal y a sus vínculos comerciales con Global Oil Management Group, compañía perteneciente a la familia Sargeant que desde 2023 busca reactivar la producción de asfalto en instalaciones de la antigua refinería de Curazao, ubicada en Emmastad.
El proyecto empresarial mantiene una relación directa con Venezuela debido a que, según la investigación, dependía en buena medida del acceso a crudos pesados y productos venezolanos. Por ello, los cambios en las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podían afectar las operaciones de Global Oil en la isla.
En abril de 2025, Crónicas del Caribe informó que Global Oil había suspendido temporalmente sus actividades para reactivar la planta de asfalto debido a las sanciones estadounidenses contra Venezuela y las modificaciones que estas provocaron en el mercado.
En ese contexto, Sargeant viajó a Curazao y se reunió con el primer ministro Gilmar Pisas para abordar las posibilidades de mantener las operaciones vinculadas al proyecto.
La investigación también señala que documentos oficiales del Gobierno de Curazao reconocen que Global Oil no habría cumplido con sus obligaciones financieras, situación que habría contribuido a las presiones de liquidez de 2BAYS.
Aunque la revelación genera cuestionamientos sobre el uso de fondos de una empresa estatal para financiar actividades de influencia política en Estados Unidos, los documentos revisados no demuestran que CRU haya cometido un delito ni que su aporte haya comprado una decisión específica del Gobierno estadounidense.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los vínculos entre Curazao, los intereses petroleros estadounidenses y el mercado venezolano, en momentos en que la isla busca reactivar sus instalaciones energéticas y fortalecer su actividad relacionada con el manejo de crudo venezolano.
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