Los helicópteros militares de las Fuerzas Armadas de Venezuela han sobrevolado desde el martes el enclave minero de Las Claritas, al sur del país, en la frontera con Brasil. La maniobra es parte de una operación militar que ha desplegado el Gobierno como paso necesario para cristalizar las inversiones extranjeras que ha ofrecido Estados Unidos. Desde hace años, el lugar está tomado por grupos criminales, entre ellos la guerrilla colombiana del ELN, en complicidad con funcionarios, que son quienes en la práctica explotan el potencial minero de Venezuela.
Las grabaciones desde el lugar muestran a centenares de mineros ilegales corriendo por descampados erosionados por el extractivismo voraz en plena Amazonía. Vecinos han reportado detonaciones y detenciones, pero ningún vocero oficial, tras más de 24 horas de haberse iniciado las operaciones, ha dado información de lo que está pasando.
En abril pasado, se aprobó la nueva ley de minas que abrió el subsuelo a la inversión extranjera. La ley por sí misma no terminaba de entusiasmar a las empresas, preocupadas por la seguridad. Desde hace más de una década, la zona del Arco Minero del Orinoco, creada por Nicolás Maduro, es un territorio de 111.000 kilómetros cuadrados sin ley, en el que las compañías mineras no se atreven a entrar.
Organizaciones en la zona han reportado que el despliegue militar busca neutralizar a los líderes de las bandas que controlan la minería, entre ellas el Tren de Aragua. “Este conflicto no es un hecho aislado. Es la expresión de un sistema de gobernanza criminal consolidado en el tiempo y promovido por el propio régimen de Maduro y Delcy Rodríguez”, denunció la ONG SOS Orinoco. La organización alerta sobre desplazamientos masivos, agudización de la crisis humanitaria que se vive en la zona y violencia contra civiles.
Los municipios mineros al sur de Venezuela tienen la tasa más alta de homicidios e informes de organismos internacionales han denunciado situaciones de esclavitud y violencia sexual en estos sectores. Activistas de derechos humanos también advierten sobre las consecuencias que han tenido operativos militares de este tipo en el pasado, que han dejado un enorme saldo en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Además de la toma militar en Las Claritas, en otros sectores como El Callao se están produciendo inspecciones a plantas de procesamiento de oro de la Corporación Venezolana de Minería. “Dicen que vienen los gringos, que son los que van a mandar ahora”, comenta un vecino del Kilómetro 88, donde despertaron con el ruido de los helicópteros artillados y las detonaciones de presuntos enfrentamientos armados. En la zona, sin embargo, solo hay militares venezolanos, según reportes de la zona.
Lo que ocurre a casi 500 kilómetros de Caracas no está del todo claro, pero se encadena a varias medidas que ya se vienen tomando desde el Gobierno. Luego de la aprobación de la nueva ley, comenzó un reacomodo de las áreas mineras. Los contratistas de las alianzas comerciales para explotación fueron obligados a recertificar sus contratos, un proceso que todavía sigue en curso, según una fuente del sector.
La transparencia es una de las principales exigencias de las grandes empresas mineras para operar. Por años, la explotación de minerales, en particular de oro, se ha hecho sin rendiciones de cuentas.
La presión de Estados Unidos por los recursos minerales es fuerte. El secretario de Energía, Chris Wright, fue uno de los primeros funcionarios de Donald Trump en visitar Venezuela tras la intervención militar del 3 de enero.
Luego, el secretario de Interior, Doug Burgum, viajó a Caracas y regresó con 100 millones de dólares en oro venezolano. “La oportunidad minera, esa es una industria que ha colapsado por completo en Venezuela y ellos lo saben, se ha reducido a mineros artesanales controlados por pandillas, con probablemente algunas de las peores prácticas ambientales del mundo”, dijo Burgum luego de su visita.
Alberto News
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