Estados Unidos obligará a los migrantes con visas temporales a salir del país para pedir la residencia permanente. La medida afecta a estudiantes, trabajadores y turistas que busquen obtener la ‘green card’. El cambio forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por la administración Trump
La Administración del presidente de Donald Trump anunció una nueva política migratoria que obligará a los extranjeros con estatus temporal a salir del país para poder solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.
La medida, comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece que los solicitantes de la denominada “green card” deberán completar el trámite desde sus países de origen a través de las embajadas o consulados estadounidenses.
Según la agencia, esta disposición se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque durante años no se habría aplicado de forma estricta por administraciones anteriores.
El cambio afecta a personas que se encuentran en Estados Unidos con visas temporales de distintos tipos, incluidas las de turismo y negocios (B-1 y B-2), las de estudio (F-1 y M-1) y las de trabajo especializado o temporal como las H-1B, H-2A y H-2B, entre otras categorías.
Hasta ahora, muchos de estos migrantes podían solicitar un ajuste de estatus sin salir del país, especialmente en casos de matrimonio, empleo o reunificación familiar, un proceso que en ocasiones se prolonga durante años mientras se mantienen renovaciones de visado.
Con la nueva directriz, esos procedimientos deberán realizarse fuera del territorio estadounidense, salvo excepciones que no han sido detalladas oficialmente.
Un portavoz de USCIS, Zach Kahler, defendió la medida al señalar que busca “retomar el propósito original de la ley” y mejorar la eficiencia del sistema migratorio.
Según explicó, el cambio también pretende reducir los casos de permanencia irregular al facilitar los procesos de control y seguimiento desde el exterior.
La decisión se enmarca en una estrategia migratoria más amplia de la administración Trump, orientada a endurecer tanto la inmigración irregular como los mecanismos de acceso legal a la residencia y el asilo.
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