Entre las principales propuestas figura establecer una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes que llevan años trabajando y pagando impuestos en el país.
Los demócratas de Estados Unidos preparan una ofensiva legislativa contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de conquistar la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato. A partir de enero, buscarán aumentar la supervisión de la agencia, revisar sus operaciones y promover una reforma migratoria que permita regularizar a millones de indocumentados.
Entre las principales propuestas figura establecer una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes que llevan años trabajando y pagando impuestos en el país. El congresista electo por Texas Bobby Pulido y el senador de California Alex Padilla respaldaron públicamente esta iniciativa.
El debate también alcanza al futuro del ICE. Mientras legisladores como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar defienden eliminar la agencia, otros, entre ellos Elizabeth Warren y Rubén Gallego, consideran que debe mantenerse, pero bajo una profunda reforma y mayores mecanismos de control.
Pese a las críticas, el ICE continúa ejecutando redadas en distintas ciudades. Uno de los operativos más recientes ocurrió en Los Ángeles, donde agentes federales fueron confrontados por residentes frente a un hospital en Boyle Heights. La agencia aseguró que no suspenderá sus operaciones.
En Texas, el alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de la policía municipal con el ICE, con el objetivo de reducir el temor entre las comunidades migrantes.
Investigaciones por presuntos abusos
Los demócratas también prevén investigar las denuncias contra funcionarios migratorios. El congresista Robert García aseguró que han documentado más de 1.000 casos de abusos creíbles y verificados, entre ellos detenciones irregulares, uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial y violaciones de derechos humanos en centros de detención.
La revisión podría alcanzar a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y a otros funcionarios vinculados con la política migratoria de Donald Trump.
Aunque el presidente ha reconocido que su estrategia de deportaciones fue «demasiado dura» y manifestó disposición a negociar una posible amnistía, el nombramiento de Stephen Miller como jefe de Gabinete apunta a la continuidad de una línea migratoria restrictiva.
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