El aval de la Corte, otorgado el pasado 1 de marzo para reanudar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano, ha avivado la preocupación de diversos actores internacionales. La Unión Europea, así como al menos otros ocho países, han alzado su voz contra las flagrantes transgresiones a los derechos humanos
En un contundente mensaje emitido tras la última sesión de la Corte Penal Internacional (CPI), representantes de misiones diplomáticas y organizaciones concluyeron que la administración de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
El aval de la CPI, otorgado el pasado 1 de marzo para reanudar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ha avivado la preocupación de diversos actores internacionales. La Unión Europea, así como países como Ecuador, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, Ucrania, Argentina, Estados Unidos y Suiza, han alzado su voz contra las flagrantes transgresiones a los derechos humanos y las acciones contrarias a los principios democráticos consagrados en la Constitución venezolana, reseña El Pitazo.
Entre las inquietudes expresadas se encuentra el encarcelamiento de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, así como la continua detención selectiva de personas opositoras presuntamente vinculadas a la Operación Brazalete Blanco.
La reducción del espacio para la sociedad civil mediante prácticas opresivas ha sido severamente criticada. Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FMM), advirtió sobre la invocación por parte de las autoridades de conspiraciones, reales o ficticias, para reprimir y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno.
El año pasado, la denominada Furia Bolivariana desencadenó actos de hostigamiento y ataques contra miembros de la oposición, recordó Valiñas.
Las detenciones de militantes de partidos y defensores de derechos humanos, así como la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, han sido consideradas como pasos atrás que socavan los derechos humanos por parte de representantes internacionales, como el de Estados Unidos.
En respuesta a estas preocupaciones, los delegados han instado al gobierno de Maduro a cesar la represión política y los ataques contra el espacio cívico.
Francisco Cox, miembro de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, ha destacado que en una democracia básica no se seleccionan a los contrincantes de una contienda electoral, subrayando el nivel de represión violenta en el país.
La desaparición forzada de líderes de oposición y defensores de derechos humanos, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, ha generado una fuerte preocupación entre representantes de Canadá y Suiza, quienes han rechazado los actos de represión para silenciar críticas.
La Fiscalía de la CPI anunció la apertura de la investigación en noviembre de 2021, pero en abril de 2022 esta se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el gobierno de Maduro. Sin embargo, en junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó la reanudación de la investigación, tras determinar que las actuaciones nacionales de Venezuela no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos investigados en La Haya.
La reciente autorización unánime de la Sala de Apelaciones de la CPI al fiscal Karim Khan para reanudar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela marca un nuevo capítulo en el escrutinio internacional de las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
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