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viernes, 24 de julio del 2026
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Brasil califica de «arbitrario e injustificado» nuevo arancel de EE. UU.

El gobierno brasileño rechazó las nuevas sobretasas impuestas por Estados Unidos a varios productos, denunció manipulación del tema laboral y confirmó que activará la ley de reciprocidad aprobada en 2025; la medida estadounidense responde a investigaciones de la USTR sobre trabajo forzoso en decenas de países

Brasil rechazó este jueves la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos sobre diversos productos brasileños, catalogando la medida como «arbitraria e injustificada». Las nuevas tasas, establecidas por la administración de Donald Trump tras pesquisas sobre trabajo forzoso en cerca de 60 países socios, se suman a un arancel previo del 25% anunciado la semana pasada; la sobrecarga adicional varía entre 10% y 12,5%.

Desde la presidencia brasileña informaron que pondrán en marcha de inmediato los trámites para activar la Ley de Reciprocidad comercial, aprobada por el Congreso en abril de 2025. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había adelantado que respondería con medidas arancelarias tras recibir la notificación del 25%, esta semana el vicepresidente Geraldo Alckmin moderó el discurso y descartó una represalia inmediata.

Empresarios afectados por las nuevas tasas han mostrado oposición a la aplicación de la ley, aprobada por unanimidad en un contexto de ofensiva arancelaria de Estados Unidos contra múltiples países. La presidencia recordó que Brasil tiene décadas de reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso.

La estrategia comercial de la administración Trump sufrió un revés en febrero cuando la Corte Suprema estadounidense declaró inconstitucionales medidas arancelarias indiscriminadas, al considerar que solo el Congreso puede aprobarlas. Ante ello, la Casa Blanca optó por fundamentar nuevos gravámenes en investigaciones de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que el gobierno brasileño acusó de «manipular» un asunto sensible sobre derechos humanos para implicar a 59 países y a la Unión Europea.

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