Para Martha Arias, experta en materia migratoria, de la medida cautelar anunciada por Edward Chen, sobre el bloqueo a la orden del gobierno de Donald Trump para poner fin al TPS de cientos de miles de migrantes venezolanos, se pueden esperar muchas cosas: “El litigio puede continuar hasta que salga una decisión final y eso puede ocurrir en meses o años. Lo más probable es que pase en meses porque el gobierno de Trump está bien activo, pero son casos que suelen demorar”, advierte
Martha Arias, abogada especializada en materia migratoria, analizó la decisión de Edward Chen, juez federal en el Distrito Norte de California sobre el bloqueo a la orden del gobierno de Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) de cientos de miles de inmigrantes venezolanos, que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había ordenado que terminara el 7 de abril de 2025.
Arias recuerda que se trata de una medida cautelar y por ello lo más probable es que el gobierno de Trump presente una medida de contraposición contra la medida de Chen. “De hecho, en la sentencia que emitió el juez federal el día de hoy, dice que pausa la cancelación del TPS y emite otras ordenes: Por ejemplo, que las partes presenten un reporte y conversen por decirlo así acerca de si el gobierno pretende apelar o no es esta pausa”.
En la sentencia de Chen éste considera que la acción amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, con un altísimo costo para los Estados Unidos con miles de millones de dólares en pérdidas en actividad económica, además de dañar la salud pública y la seguridad en las comunidades de todo Estados Unidos.
Noem había anulado la extensión del TPS de unos 600.000 beneficiarios del programa, quienes habían recibido un alivio del demócrata Joe Biden en enero de este año, días antes de dejar la Casa Blanca. Y puso en riesgo de deportación a unos 300,000 venezolanos para los que el beneficio expiraba en abril, mientras que otros 250,000 tienen hasta septiembre.
Arias explica que el juez también le pide a la parte demandante (secretaria del Departamento de Seguridad Nacional) que determine si presentarán una moción para detener la cancelación del TPS también para los haitianos. “Esta decisión es específicamente para los venezolanos”, sostiene.
“Podemos esperar muchas cosas. El litigio puede continuar hasta que salga una decisión final y eso puede continuar en meses y hasta años. Lo más probable es que pase en meses porque el gobierno de Trump está bien activo, pero son casos que suelen demorar”, advierte Arias.
Biden puso en marcha el TPS para venezolanos en marzo de 2021 y lo extendió en septiembre de 2022 por 18 meses más. En octubre de 2023 lo amplió por 18 meses más hasta septiembre de 2025, y por separado aprobó una ampliación para acoger a nuevos beneficiarios que expiraba en abril de 2025, creando así de hecho dos TPS en paralelo, según el memorando de Noem que buscaba revertir la extensión del programa.
El juez Chen añadió que el Gobierno no había logrado identificar ningún perjuicio real que compense la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos» y consideró que los demandantes probablemente tendrían éxito en demostrar que las acciones tomadas por Noem «no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por un animus inconstitucional».
Si los planes de la secretaria Noem siguieran adelante, los impactos económicos para Estados Unidos serían significativos, según Chen: “Si los titulares de TPS de Venezuela pierden su autorización de trabajo bajo el programa de TPS, habría impactos económicos adicionales en Estados Unidos y las comunidades donde ellos viven actualmente. El costo para las empresas de reemplazar a los empleados despedidos del TPS podría ascender a 1,300 millones de dólares”, agregó.
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