A través de un comunicado, Juan Rodríguez, en representación de sus excompañeros reiteró su confianza en el Poder Judicial venezolano, pero pidió al TSJ que se declare improcedente la pretensión de la empresa y ordene la continuación inmediata de la ejecución forzosa, permitiendo finalmente el pago de las prestaciones sociales adeudadas desde hace más de cinco años.
Tras el avocamiento ejercido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre los 27 procesos laborales en fase de ejecución seguidos por una coalición de 57 extrabajadores contra Halliburton de Venezuela, la coalición afectada rechaza que la empresa pretenda revisar nuevamente aspectos ya decididos con carácter de cosa juzgada en múltiples instancias.
Juan Rodríguez, quien laboró 42 años seguidos en la trasnacional ubicada en Punta Camacho, municipio Santa Rita, estado Zulia, y es uno de los líderes de los extrabajadores demandantes, recuerda, en este sentido, las decisiones de la propia Sala de Casación Social, en la sentencia N° 443/2025, y de la Sala Constitucional, con las sentencias N° 465/2025 y N° 0672/2025).
Los demandantes consideran que no existe desorden procesal ni vulneración de derechos de la empresa; por el contrario, se ha garantizado en exceso su derecho a la defensa, permitiendo incidencias no previstas en la ley solo para evitar cualquier alegato de indefensión”, expresa en un comunicado dirigido a Versión Final.
Rodríguez además resalta que la paralización indefinida del remate de bienes, programado para el 13 de enero de 2026 y suspendido sin motivación suficiente, generó un “estado de indefensión” para los extrabajadores, contraviniendo los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva.
Antecedentes
Desde diciembre de 2020, más de 400 trabajadores venezolanos fueron despedidos de forma masiva e injustificada por la empresa Halliburton de Venezuela, sin el pago de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Estos trabajadores recibían un salario mixto (en bolívares y dólares estadounidenses), por lo que las prestaciones, intereses, indexación y demás beneficios generados debían calcularse y pagarse en ambas monedas.
En 2021 se interpusieron 27 demandas colectivas ante los tribunales laborales de Cabimas, estado Zulia, las cuales obtuvieron fallos favorables en todas las instancias: primera y segunda instancia, casación ante la Sala de Casación Social y revisión constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ. Las sentencias condenaron a la empresa al pago integral de las prestaciones en bolívares y dólares, intereses moratorios, corrección monetaria y demás conceptos.
Sin embargo, por más de cinco años, la empresa ejerció, según la coalición, de manera sistemática y temeraria una estrategia de dilación procesal mediante la interposición reiterada de recursos, impugnaciones, oposiciones, recursos de hecho, controles de legalidad y amparos constitucionales, la mayoría de los cuales han sido declarados improcedentes o inadmisibles por los tribunales competentes, incluyendo esta misma Sala de Casación Social y la Sala Constitucional.
Todos los cálculos de experticias complementarias al fallo (incluidas actualizaciones por el transcurso del tiempo) han sido ratificados como ajustados a derecho. Las apelaciones se tramitaron correctamente en un solo efecto (conforme al artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), y los embargos ejecutivos sobre bienes de la empresa (instalaciones en Zulia y Monagas) se practicaron legalmente, demostrándose la propiedad de los inmuebles y bienes mediante cadena documental fehaciente”, resalta Rodríguez.
Llamado al TSJ
Los 57 extrabajadores y su representación judicial reiteran su confianza en el Poder Judicial venezolano y en esta Sala de Casación Social para que, al resolver el avocamiento, declare improcedente la pretensión de la empresa y ordene la continuación inmediata de la ejecución forzosa, permitiendo finalmente el pago de las prestaciones sociales adeudadas desde hace más de cinco años.
Este caso –insiste Rodríguez, representa una lucha legítima por el respeto a los derechos laborales de trabajadores venezolanos frente a una transnacional que, pese a contar con licencias OFAC para operar y pagar obligaciones, optó por no cumplir con sus responsabilidades.
Además de Rodríguez, la coalición es liderada por José León, Ricardo Urrutia, Héctor Martínez, Richard Valdivieso, Diorman Calles y Rubén Rodríguez.
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