Con el propósito de consolidar el Plan Zulia Productivo 2023, el día de hoy quedo instalada la Comisión de Planificación, Desarrollo Económico y Finanzas del Consejo Legislativo del estado Zulia, la cual quedo integrada por el Legislador Justo Bermúdez, como presidente, legisladora Alejandra Barrientos, Vicepresidenta y Legislador Edgar Antúnez, miembro, todos comprometidos con el crecimiento de la región mediante la aprobación de leyes que ofrezcan seguridad jurídica y alianzas mixtas para fortalecer el progreso del estado.
La ley de Timbres Fiscales, Ley del Fonfidez, Ley del Idfa, , Ley de Minerales No Metálicos, Ley del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, Ley del Inzuvi, Ley del Turismo, aprobadas en el 2022, están hoy generando recursos enmarcadas en el concepto de una economía productiva, que aporta, construye, e impulsa un país desde una región privilegiada por sus riquezas naturales, destacó Bermúdez
“En este 2023, daremos prioridad a la aprobación de la Ley de Salinas con miras a que se pueda exportar este producto de excelente calidad y que se produce en cantidades, igualmente vamos a trabajar en las asociaciones publico-privadas que han sido exitosas en otros países y que nos permitirá tener servicios públicos de calidad y mejor atención a los ciudadanos. Igualmente estaremos enfocados en el comercio binacional buscando que la balanza comercial entre Venezuela y Colombia sea mucho más equilibrada en cuanto a pago de aranceles y accesar a un mercado que mueve millones de dólares anuales”, señaló el presidente de la Comisión de Finanzas.
Bermúdez, agregó que también continuaran con la reforma de todas las leyes de la administración publica regional, pues en estos tiempos es necesario adecuarla a lo que son las tendencias exitosas en alianzas estratégicas, las cuales buscan facilitar las operaciones de ejecución de grandes, medianos y pequeños proyectos que motoricen la economía, pues no es un secreto que la inestabilidad cambiaria reduce los presupuestos aprobados cada ano por el gobierno nacional, por lo cual es necesario crear marcos jurídicos nuevos que involucren la participación del sector privado como agente importante en la recuperación de áreas tan importantes como la infraestructura de salud, vialidad y educación.
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