Si una ley no aparece en Gaceta Oficial no tiene ninguna validez ni se puede sancionar su incumplimiento
Al parecer, la Asamblea Nacional del 2020 estaría trabajando en vano, puesto que de las 21 leyes sancionadas en el 2022, 8 no han salido en Gaceta oficial, es decir, no están en vigencia, por lo tanto son «letra muerta».
La información la dio a conocer la ONG Acceso a la Justicia, al analizar el sitio web del Parlamento, específicamente el resumen legislativo del año pasado, donde se lee que hay «leyes aprobadas en la AN aún no publicadas en Gaceta oficial».
Esa cantidad de normas que no está vigente, pese a que tienen meses sancionadas, equivale a 38% del trabajo realizado por un Parlamento de aplastante mayoría oficialista.
La ONG destaca que este hecho viola la propia Carta Magna, que en su artículo 215 dice que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente ‘Cúmplase’ en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela»
Es más, el artículo 1 del Código Civil establece que La Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique».
«No hay información disponible que indique que el presidente de la República haya vetado alguna de las leyes que integran este grupo. Lo cierto es que ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días al presidente de la República para la promulgación de las leyes», denuncia Acceso a la Justicia.
Sin novedad
Esta práctica opaca no es novedosa. A finales del año pasado, la ONG denunció que «a partir de 2021 hay dieciocho números de la Gaceta Oficial cuyo paradero se desconoce, así como su contenido, a lo que hay agregar once gacetas de número extraordinario, presumiblemente del último trimestre de 2022 y comienzos de este año, que tampoco son de conocimiento público».
Llama la atención que entre las leyes que no están vigentes figuran las de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y de Endeudamiento. «Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos».
Lo mismo pasa con «la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio y la reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora son otras normas que, pese a haber sido aprobadas por los diputados y previsiblemente refrendadas por Nicolás Maduro, tampoco están en vigor».».
La organización advierte que «mientras el texto no aparezca en la Gaceta Oficial, ninguna de estas disposiciones se podrá aplicar ni su incumplimiento sancionarse».
¿Misión cumplida?
En una reciente entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado oficialista Juan Carlos Alemán confirmó que el año pasado el Parlamento sancionó veintiuna leyes.
cifra representa 91% de la meta que el Parlamento se había trazado en su Agenda Legislativa para 2022, la cual estaba conformada por veintitrés proyectos.
El parlamentario, quien es presidente de la Comisión del Poder Popular y Comunicación de la AN, admitió que «nos quedamos cortos» en comparación con 2021.
En el primer año de la actual legislatura fueron sancionadas 35 leyes, 40% más que en 2022. En realidad, fueron 38 los textos aprobados en 2021, apuntó el reelecto presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
Sin embargo, Alemán recordó que el año pasado 39 leyes fueron aprobadas en primera discusión y «este 2023 esas 39 leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión se van a convertir en leyes de la República».
Los objetivos para 2023
Las reformas de las leyes del Poder Popular o la aprobación de otras nuevas como la del llamado Parlamento Comunal y la de la Comunicación son algunas de las prioridades del Parlamento para el año que recién comienza, según lo aseguró Juan Carlos Alemán.
«Queremos darle más poder a la gente. Nosotros no queremos no sé cuantas más alcaldías, sino los 40.000 consejos comunales e incluso más», dijo.
Por último, el legislador anunció que otra prioridad será la aprobación de una ley para regular las redes sociales. En todo caso, habrá que esperar la publicación en los próximos días de la agenda legislativa para 2023.
«La situación irregular denunciada refuerza la situación de indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran los ciudadanos, por cuanto se genera incertidumbre en relación con si los instrumentos aprobados por los diputados ya están en vigor o no. Esto es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país», alerta la ONG.
Fuente: impactovenezuela
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