La Comisión alertó que las mujeres detenidas en condición de presas políticas sufren más porque les aplican castigos que derivan en violaciones de género
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que entre Venezuela, Cuba y Nicaragua hay alrededor de 1.500 presos políticos, pese a las medidas cautelares que el organismo ha emitido en favor de estas personas detenidas por pensar distinto.
En un comunicado, la Comisión resume que, “con relación a Cuba, Prisoners Defenders reporta que, al 30 de noviembre de 2022, 1.034 personas permanecerían detenidas por motivos políticos”.
En cuanto a Venezuela, “de acuerdo con información del Foro Penal, al 31 de octubre de este año, se registrarían 247 personas privadas de libertad por razones políticas, correspondientes a 14 mujeres y 233 hombres. Del total, 115 serían civiles y 132 militares”.
En tanto que, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, “al 30 de septiembre de 2022, 195 personas permanecerían encarceladas, de las cuales 19 serían mujeres y 176 hombres”.
Con base en ello, “a solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana ha otorgado y ampliado medidas provisionales a favor de personas víctimas de detención arbitraria y sus núcleos familiares”, destaca el escrito.
Situación de gravedad
En estos países, “la CIDH advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas; y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal”.
En el tratamiento diferenciado que se advierte, “se observan algunos patrones como: 1) ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento; 2) empleo de regímenes de aislamiento e incomunicación; 3) falta de atención médica oportuna y especializada; 4) falta de acceso al agua potable y, a la alimentación adecuada”.
A ello le sigue: “5) condiciones insalubres; 6) obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias incluyendo a sus hijos e hijas; 7) restricciones a las visitas por largos períodos de tiempo; y, 8) sometimiento a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Por otro lado, el organismo llama especial atención sobre la situación de las mujeres detenidas en condición de persas políticas.
“Las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social”.
Asimismo, en el caso específico de las mujeres trans presas de conciencia, “Prisoners Defenders documentó que en algunos casos se encuentran detenidas con hombres, lo cual resulta en múltiples violencias”.
Además, alerta que “se tiene información de la ubicación de mujeres en centros de detención alejados de sus familias como forma de represalia o castigo por el activismo político”.
La CIDH recuerda la obligación de los Estados de respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana.
Además, deben brindar información oficial y actualizada respecto de su situación, así como garantizar el contacto directo y regular con sus familias.
Las personas detenidas por razones políticas se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos, por lo que la Comisión destaca el deber de los Estados de prevenir, combatir y sancionar estos hechos, con la adopción de medidas que contemplen una perspectiva de género y un enfoque diferenciado.
Fuente: impactovenezuela
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