ONU muestra su preocupación ante lo ocurrido en la nación inca. Simpatizantes del ahora expresidente Pedro Castillo sostienen enfrentamientos con la policía
La incertidumbre planea sobre Perú este jueves, en el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional tras la fulminante destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de un autogolpe de Estado.
Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial, en medio de dudas sobre sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta política que la acecha desde el parlamento.
Tras una sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la institucionalidad de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera mujer presidenta del país y dejó claro que aspira a cumplir todo el período, hasta julio de 2026.
Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará ese objetivo, o si deberá resignarse a dar un paso al costado y convocar a elecciones generales anticipadas.
En sus primeras palabras como jefa del gobierno peruano, llamó a la «unidad nacional» y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno izquierdista de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.
Luego llamó a «una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional».
El miércoles, cientos de simpatizantes de Castillo chocaron con la policía frente a la Prefectura de Lima donde estuvo detenido, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos.
«Cierre el Congreso, nido de ratas», se leía en una de sus pancartas.
Opositores del presidente que también se manifestaron frente a la prefectura quemaron camisetas con la imagen del exmandatario.
Horas de vértigo en Perú
Perú vivió el miércoles horas de vértigo que terminaron con Castillo detenido por la noche en una base policial al este de Lima, acusado en flagrancia del delito de rebelión.
Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder, Castillo, que gozaba de 70% de desaprobación según los últimos sondeos, denunció que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento, anunció su disolución y un toque de queda, y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el jueves su «preocupación» por la situación política en Perú y condenó «todo intento por subvertir el orden democrático», dijo en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres «llamó a todos los partidos involucrados a respetar el Estado de derecho, así como a guardar la calma y a abstenerse de inflamar tensiones», añadió.
Tras la destitución de Castillo, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se apresuró a calificarlo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.
Países de toda la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de Derecho y la democracia en Perú.
La Unión Europea (UE), a través de su oficina en Lima, manifestó su apoyo a la «solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones» peruanas, y llamó a «todos los sectores a un diálogo que asegure la estabilidad».
Fuente: impactovenezuela
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