«La Tumba es la tecnología y la tortura psicológica. Todo brilla. Todo es limpio y blanco. El silencio es absoluto; la soledad es completa. Parece un manicomio futurista. El Helicoide es hacinamiento, el mal olor, las cucarachas y las ratas». Lorent Saleh, ex torturado
Nota introductoria: Este es el informe del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado ayer en coincidencia con los inicios de la 77 ava Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Es un informe, probablemente el más crudo por el cual le dice al mundo las barbaridades de ese régimen, apadrinado por otros gobiernos tan indecentes como el de Venezuela. El mundo decente, ese que conforma la gran mayoría de este agitado universo seguramente se pregunta ¿qué está haciendo la sociedad universal para detener a los autores de estos crímenes, públicos y notorios que impunemente cometen diariamente en la que fue tierra de asilo y de libertades?
La sociedad universal le ruega, le implora al Fiscal jefe, Karim Khan de la Corte Penal Internacional que intervenga. Señor Fiscal Khan, me permito cerrar esta angustiosa nota con una expresión coloquial del pueblo venezolano: lo que está a la vista no necesita anteojos. Raúl Ochoa Cuenca.
Venezuela
Nuevo informe de la ONU detalla las responsabilidades por crímenes de les humanidad
Expertos de Naciones Unidas publican estudio global sobre detenciones secretas relacionadas a la lucha contra el terrorismo.
Discurso inaugural del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, en el 33er. periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La negativa de acceso y la falta de colaboración con los órganos de las Naciones Unidas no reducirán el escrutinio sobre un Estado en materia de derechos humanos
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según un informe de la ONU publicado hoy.
En el presente informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
En otro informe, la MIVV destaca, además, la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
«Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos», dijo Valiñas.
Represión de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado.
En sus informes anteriores, la Misión había destacado el papel de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Estado – la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), respectivamente – en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
El presente informe ofrece un análisis más detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos, en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos.
Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos. El análisis de la Misión detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición.
«Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación», declaró Francisco Cox, miembro de la misión de la MIVV.
Abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero.
.Ante la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional» para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado sureño de Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones.
El informe de la MIVV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.
En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019 tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas.
«La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Fuente: www.ohchr.org/es/press-release
Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca. [email protected]