Este domingo se pudo conocer, que la justicia federal argentina inició una investigación por la visita de Jorge Rodríguez, durante la juramentación del presidente Alberto Fernández.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, investiga cómo fue que se le permitió entrar al país a Jorge Rodríguez Gómez, ministro para la Información y la Comunicación de Venezuela, sobre el que pesaba una restricción de ingreso que el Gobierno, por entonces ejercido por Mauricio
Macri, había puesto en vigencia en marzo, y que se había reforzado días antes del traspaso de mando.
La Justicia investiga cómo ingresó al país Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, sobre el que pesaban sanciones
Jorge Rodríguez fue incluido el 3 de diciembre de 2019 en una «lista negra» de personajes del chavismo a los que la Argentina y otros países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) -entre ellos, Estados Unidos, Brasil, Chile y Paraguay- se comprometieron a restringirles el tránsito y congelarles activos en
entidades financieras de su jurisdicción.
De allí que su asistencia a la ceremonia de traspaso generara revuelo e incluso la abierta crítica del asesor del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien se encontraba en Buenos Aires para la ocasión, y se retiró antes de tiempo en señal de protesta.
En verdad, el Frente de Todos había anunciado públicamente durante la etapa de transición que no habría invitados de Venezuela, siendo que la anterior gestión había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado mientras los que llegaban iban a retirarle poco después ese status, ni de Bolivia, por el golpe de Estado perpetrado
contra Evo Morales.
Sin embargo, Rodríguez y otras figuras del Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas Stella Lugo, que funge como embajadora de Venezuela sin reconocimiento oficial, llegaron al Aeropuerto de Ezeiza el 9 de diciembre por la noche, a bordo de
una aeronave de una empresa turca que cubre regularmente la ruta Caracas-Estambul.
Según lo publicado por El Cronista, Venezuela había requerido ofialmente el 1° de diciembre permiso de sobrevuelo del espacio aéreo argentino para tres aeronaves militares, dos Airbus 319 y un Embraer 190, que transportarían diversas guras para la jura. Pero advertidos de las sanciones jadas en el TIAR, la nación caribeña decidió retirar la solicitud. De allí que se especule en que el periplo adoptado se haya acordado a último momento.
Habiéndose radicado la denuncia anónima el 19 de diciembre, la fiscalía a cargo de la investigación libró exhortos cuatro días después a la Cancillería y a Migraciones, según fuentes judiciales, políticas y diplomáticas.
El ministerio de Exteriores informó que no le fue requerida ninguna gestión para el ingreso de los venezolanos, si bien aclaró que el 5 de diciembre, antepenúltimo día hábil de la gestión Macri, notificó a Migraciones de la nueva sanción acordada a nivel regional.
La presencia del venezolano en la jura hizo que el enviado de los Estados Unidos, Mauricio ClaverCarone,se retirara antes de tiempo, indignado. ”
En tanto la Dirección Nacional de Migraciones, pese a haber transcurrido más de 40 días, no dio aún respuesta al requerimiento judicial. Quien fue director de Migraciones hasta el 10 de diciembre, Horacio García, se negó a comentar el episodio, mientras que en la actual conducción se limitaron a reconocer que «se hizo el registro informático de su ingreso al territorio nacional conforme al protocolo general vigente aquel 9 de
diciembre».
Cerca del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quien dependía Migraciones, admitieron que se obvió la restricción en base a una decisión «totalmente política del gobierno entrante», y sumaron: «El presidente quería que Rodríguez estuviera presente».
En Casa Rosada, los encargados las invitaciones aseguraron que ni el canciller Felipe Solá, ni el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, ni la vicepresidenta Cristina Kirchner intervinieron en el tema. Más bien, apuntaron al chileno Marco Enríquez-Ominami, asesor en las sombras en materia de política exterior y gestor del Grupo de Puebla, como el encargado de ejecutar el deseo presidencial.
El Cronista